El PP exige a su alcalde de La Oliva que cambie el sistema de concesión de licencias

Domingo González Arroyo, senador del PP y alcalde de La Oliva (Fuerteventura), deberá modificar su particular sistema de concesión de licencias urbanísticas. A ello le instan las conclusiones de una investigación interna de su partido en la que se le recomienda que las cambie y, al tiempo, se le exculpa del presunto cobro de comisiones ilegales del que le acusa su ex arquitecto municipal, Casto Martínez Berriel. José Miguel Bravo de Laguna, presidente del PP canario, hará público el informe en los próximos días.Las normas de La Oliva, de 9.000 habitantes y el municipio más turístico de la isla, establecen que cualquiera que desee una licencia deberá entrevistarse personalmente con el alcalde, que rige sus destinos desde hace 20 años, o con otro edil. González Arroyo recibía a todos los solicitantes.

Según el arquitecto denunciante, afiliado al PP e hijo de un ex dirigente, los informes jurídicos para la concesión de las licencias -"prefabricados, firmados en blanco y a los que, simplemente, se les añadía el nombre del titular"-, los elaboraba Antonio González, un abogado y primo del alcalde que vive entre Miami y Cuba. Los técnicos los redactaban personas sin la cualificación necesaria.

La investigación del PP ha durado ocho meses y fue ordenada por Bravo de Laguna después de que este periódico publicara el 15 de marzo parte del contenido de la citada denuncia, presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Juan Guerra Manrique de Lara, fiscal jefe, declaró semanas más tarde que tenía datos suficientes para imputar al senador del PP, pero su informe fue archivado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.

En el texto se asegura que no se ha podido probar ninguna de las graves irregularidades de las que se acusa a González Arroyo, en especial el cobro de comisiones ilegales a empresas y particulares. El propio senador las negó siempre y se querelló contra el denunciante.

"El informe es muy extenso, profundo y riguroso. Se aclaran muchas cosas y, pese a eximirle de las irregularidades de las que fue acusado, se le hacen [a González Arroyo] recomendaciones importantes sobre el sistema de concesión de licencias de obras. Recomendaciones dirigidas a evitar cualquier sospecha", advierte un dirigente del PP.

El documento lo firman tres militantes: Pablo Mato, abogado especialista en urbanismo, teniente de alcalde y gerente de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, que indagó en las normas de La Oliva; Antonio Tejedor, letrado especialista en Derecho administrativo, que investigó la concesión de licencias, y el arquitecto Alejandro Castro, hijo de otro antiguo dirigente, que estudió el presunto cobro de comisiones. Para su trabajo entrevistaron a varias personas, incluido González Arroyo.

Múltiples propiedades

En lo que no se ha entrado es en el patrimonio personal del senador. El registro de la propiedad y el mercantil demuestran que es propietario en Fuerteventura de 24 fincas rústicas y seis solares, de más de un millón de metros cuadrados; de cinco viviendas, de una cantera de picón, de dos sociedades patrimoniales con un capital de 36 millones y de una radio y una televisión. A nombre de estas sociedades aparecen registrados seis coches Mercedes y dos Range Rover.Las dos únicas gasolineras de La Oliva, con una facturación anual de 500 millones y regentadas por su esposa y una de sus hijas, figuran a nombre de sociedades administradas por Ceferino Guerra Vera, albañil y ex juez de paz del municipio, que asegura no conocer al alcalde. Las declaraciones de actividades del senador, presentadas en la Cámara Alta, están firmadas, sin embargo, por Guerra. La "enorme fortuna" que, según él mismo, heredó González Arroyo de sus padres está valorada en el catastro en cinco millones.