La presunta red de corrupción en Costas de Girona empieza a desfilar ante el juez

El titular del juzgado número 6 de Girona, que investiga una presunta trama de corrupción en la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, empezará esta mañana a interrogar a diversos funcionarios y a altos cargos imputados en la causa. Las investigaciones de la Guardia Civil han permitido detectar una larga serie de posibles actos ilegales cometidos durante los pasados 10 años. Entre los imputados figuran el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas en Cataluña, Manuel Novoa Rodríguez, y el responsable provincial, Enric Girona.

La investigación de la Guardia Civil, iniciada hace más de cuatro meses, ha intentado aportar pruebas para fundamentar las acusaciones de malversación de fondos públicos, soborno y tráfico de influencias. Los presuntos delitos de los que se acusa a los imputados son, hasta la fecha, los de fraude, delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad en certificados. La Guardia Civil trabaja bajo la hipótesis de que las supuestas actuaciones irregulares en la Dirección General de Costas eran conocidas por la mayoría de sus empleados; algunos de ellos se beneficiaban trimestralmente de sustanciosas bufandas -reparto de comisiones fraudulentas- para hacer la vista gorda o colaborar en determinados manejos. Sólo así se explica que la investigación haya recurrido al testimonio de trabajadores de la propia delegación y a ex empleados. Presumiblemente, de estos testimonios y de la documentación intervenida se han obtenido los datos que han permitido imputar a diversos cargos y funcionarios: Jordi López Vives, jefe de obras; Luis Antonio Hontecillas, jefe de la sección de Dominio Público; Cristina Blanco, habilitada; Jaime Serrano de Quintana, jefe de servicios, y el ingeniero Juan José Campos. Adjudicaciones amañadas Entre las irregularidades investigadas por la Guardia Civil se encuentra la presunta adjudicación de obras públicas en la franja marítimo-terrestre a un precio superior al real. Los supuestos beneficios del amaño de los concursos públicos se habrían repartido entre los constructores y los responsables de Costas. La Guardia Civil ha investigado el patrimonio de los presuntos implicados y ha detectado en algunos casos incrementos muy importantes, que podrían proceder de operaciones ilícitas. Según la investigación, algunos concursos públicos llegaban a sobrevalorarse hasta en un 60%. Los investigadores han encontrado también otras irregularidades de menor entidad, como un presunto uso fraudulento de los fondos destinados a dietas, que habrían dejado un agujero de unos 12 millones de pesetas sin justificar. La regeneración de las playas de la Costa Brava constituye, según uno de los testigos interrogados por la Guardia Civil, una de las vías utilizadas por los responsables de Costas para obtener importantes beneficios fraudulentos. Los escasos medios destinados a verificar las cantidades de arena originaron la negativa de un vigilante de obras a certificar su cubicaje. Según su testimonio, las cantidades vertidas eran siempre inferiores a las especificadas. La Guardia Civil investiga los trabajos de regeneración de playas efectuados en Platja d"Aro, Sant Martí d"Empúries, Calonge y Roses. El subdelegado del Gobierno en Girona, Robert Brell, reclama la presunción de inocencia de los imputados, aunque ha ordenado al abogado del Estado que se persone en la causa contra los cargos de Costas en defensa de la Administración. El representante del Gobierno destaca que la mayoría de los hechos denunciados se refiere a "actuaciones antiguas que corresponden a otras administraciones" y que, si estas conductas han sido denunciadas ahora, ello se debe a "la garantía que ofrece la rectitud de la actual Administración". El Ministerio de Medio Ambiente emitió hace tres meses un comunicado en el que se admitía la existencia de "graves irregularidades" en el servicio de Costas de Girona. El ministerio circunscribía la responsabilidad al ámbito de funcionarios, y negaba la implicación de altos cargos. Las investigaciones del presunto caso de corrupción en la Dirección General de Costas ha originado la apertura de un sumario paralelo por parte del juzgado número 4 de Girona, que intenta clarificar las denuncias presentadas por tres antiguos trabajadores, en las que se señala a varios altos cargos del Departamento de Carreteras del Ministerio de Fomento como presuntos implicados en conductas corruptas.