El Defensor del Pueblo recomienda a Camps los planes de coeducación para atajar la violencia
El Defensor del Pueblo, institución estatal similar al Síndic de Greuges valenciano, ha recomendado a la Consejería de Educación de la Generalitat, que dirige Francisco Camps, que potencie los planes de coeducación, "para poder analizar de forma crítica los aspectos sociales y culturales que han ido conformando los estereotipos sexistas", con el fin de atajar los malos tratos a las mujeres. En el informe de Fernando Álvarez de Miranda sobre La violencia doméstica contra las mujeres también se aconseja a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en manos de José Ramón García Antón, que priorice la concesión de ayudas para acceder a una vivienda a las mujeres maltratadas.
El Defensor del Pueblo decidió a finales de 1997 elaborar un estudio monográfico sobre la violencia de género a raíz del aumento de denuncias, agresiones y muertes por los malos tratos en el hogar. Un año más tarde, el documento de Álvarez de Miranda se ha plasmado no sólo en una radiografía del problema, sino que dedica gran parte del mismo a detectar carencias en las distintas administraciones y hacer recomendaciones a varios departamentos. Entre estos exhortos figura el que hace al departamento que dirige Camps. En su recomendación, el Defensor del Pueblo, destaca que la educación "tiene una importancia esencial para evitar que aparezcan comportamientos violentos dentro del ámbito doméstico". Y menciona los artículos de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que le llevan a considerar que "es necesario intensificar todos aquellos contenidos que permitan lograr una educación no sexista". Por eso, recomienda a la consejería que potencie todos aquellos contenidos que "se dirijan a lograr la efectiva igualdad de derechos entre los sexos". Además, pide que en la Educación Secundaria Obligatoria se implanten materias optativas en las que se haga referencia a los "papeles sociales de hombres y mujeres" para poder analizar críticamente los estereotipos sexistas. Para conseguir estos objetivos, Álvarez de Miranda también dedica sus consejos, con especial atención, a la formación inicial y continuada del profesorado, "para que por parte del mismo se imparta con la debida calidad todos aquellos contenidos que guardan relación con los valores básicos de la convivencia humana, la responsabilidad moral de las personas y los principios de solidaridad y tolerancia, respetando la no discriminación entre las personas por razón de sexo". En referencia a estos temas educativos, los partidos de la oposición han venido criticando durante el último año al Partido Popular por no tener planes para atajar en las clases los estereotipos sexistas que potencian la violencia contra las mujeres, e incluso han acusado al Consell de suprimir los sistemas de coeducación que implantó el PSPV en la anterior legislatura. En cuanto a los consejos dirigidos a la COPUT, Álvarez de Miranda recuerda la necesidad que tienen las víctimas de la violencia de acceder a una vivienda en condiciones económicas y jurídicas asequibles a sus posibilidades. Así, si bien durante el tiempo que las mujeres permanecen en algún centro o casa de acogida sus necesidades básicas se encuentran cubiertas, "una vez superados los problemas personales y psíquicos, las mujeres se enfrentan a una situación diferente y a unos problemas distintos y para afrontarlos la primera premisa es obtener las necesidades básicas que les permitan hacer una vida digna". El Defensor del Pueblo sugiere que para dar respuesta a la exigencia social de una vivienda bien podría crearse "un cupo de reserva de viviendas concreto para mujeres que han sido objeto de malos tratos" o bien "valorarse esta circunstancia de forma específica a fin de que obtengan una mayor puntuación en el baremo". Y así se lo pide al departamento de García Antón: "Que su acceso a una vivienda se considere como un supuesto concreto y no tengan que ver dilatada en el tiempo la solución de su problema".
1.691 valencianas maltratadas
El informe La violencia doméstica contra las mujeres elaborado por el departamento del Defensor del Pueblo radiografía estadísticamente los casos de malos tratos denunciados por comunidades autónomas y por provincias. Así, de las 17.583 denuncias interpuestas en toda España (sin datos del País Vasco), casi el 10% se han tramitado en la Comunidad Valenciana. Sólo Andalucía, con 3.642 víctimas, Madrid, con 3.064, y Cataluña, con 2.483, superan en violencia de género a la Comunidad Valenciana. Y de esas 1.691 víctimas de la violencia doméstica de esta autonomía, la mitad (856) son mujeres de la provincia de Valencia. En el siguiente escalón de este podio de la brutalidad está Alicante, con 690. Y Castellón ha acumulado las 145 denuncias restantes. Fernando Álvarez de Miranda destaca en su informe que las denuncias sólo suponen la punta del iceberg. Así, se calcula que estas cifras representan sólo un 10% de la realidad, "dadas las circunstancias de ocultación social que han caracterizado siempre a este tipo de malos tratos". Y alerta que el aumento en el número de denuncias en los últimos años no supone un aumento de las mujeres maltratadas sino un aumento en el conocimiento de la mujer de los cambios legislativos, de sus derechos y de los recursos sociales a su disposición. El informe también desvela que sólo el 20% de los casos se juzgan como delitos, considerándose como simples faltas el resto. Esta cifra apenas tiene variación en la Comunidad Valenciana, donde sólo 428 casos se calificaron como delitos. Sorprende además ver cómo el número de denuncias aumenta sustancialmente en los meses de verano.
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