La reforma de la Ley Penal del Menor obligará al Gobierno a gastar 2.000 millones anuales Justicia construirá tres centros de día y uno de emancipación para los nuevos casos

La futura Ley Penal del Menor, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso, obligará al Gobierno vasco a incrementar de una forma muy importante el presupuesto anual que destina a la atención de los menores infractores. Al aumentar la edad penal de los 16 años actuales a los 18 e incluso a los 21 en caso de delitos no violentos, el Departamento de Justicia calcula que al menos tendrá que atender unos 1.500 nuevos casos cada año. Así, para mantener los actuales niveles de respuesta sin reducir la calidad necesitaría gastar 2.000 millones anuales.

A esta cifra hay que sumar otros 1.500 millones de pesetas correspondientes a la inversión inicial para ampliar los equipos técnicos, el servicio de justicia juvenil, la creación de tres nuevos centros de día (donde los menores pasan una parte de su jornada junto a educadores que tratan de resocializarles) y uno de emancipación (que actuará de colchón cuando el joven no quiera o no pueda volver a su casa). La ley que está vigente ahora cubre la franja de edad de los 12 a los 16 años. Así, el Gobierno se ha estado ocupando hasta ahora de poner los medios para que este colectivo pueda cumplir con los castigos que imponen los jueces de Menores. A partir de los 16 años, el Código Penal considera a los jóvenes mayores de edad para responder ante la Justicia. La futura ley -que no verá la luz antes de dos años- distingue dos bandas: de 13 a 16 años y de 17 a 18. Los jueces de menores podrán aplicar hasta 14 medidas diferentes, según la edad, entorno familiar y si el menor es adicto a la droga o al alcohol. Sólo una de estas 14 medidas incluye la privación de libertad, es decir, el internamiento de los infractores en centros especialmente habilitados para ellos, diferentes a los que prevé la legislación penal para los mayores de edad. Otro tipo de medidas son la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, libertad vigilada, ingreso en centro terapéutico, tareas socioeducativas, amonestación por el juez o la conciliación con la víctima a través de una reparación. La ley también podrá extenderse a los jóvenes de 18 a 21 años cuando hayan cometido delitos que no estén tipificados como violentos. Los menores de 13 años quedan a cargo de las instituciones de protección, que en el caso de Euskadi son los departamentos de Bienestar Social de las diputaciones. Cambio de panorama Los numerosos cambios que plantea el nuevo proyecto respecto a lo que se hace en la actualidad, animaron al Gobierno vasco a realizar un estudio sobre los nuevos casos que van a requerir de su intervención y reforzar así la línea de trabajo que inició hace dos años. El informe, que ha buceado en las condenas impuestas a los jóvenes en Euskadi desde septiembre de 1996 hasta agosto de 1997, refleja que en ese período fueron sentenciadas 491 personas entre 16 y 17 años y 923 entre 18 y 21. La atención a adolescentes y jóvenes infractores en Euskadi experimentó un giro radical en 1996, a raíz de la entrada del socialista Ramón Jáuregui en la consejería de Justicia, según recalca el actual viceconsejero de Justicia en funciones, Iñaki Sánchez. Hasta ese momento, no había un plan concreto de actuación entre las administraciones vascas, muchas de las medidas dictadas por los juzgados de Menores no eran ejecutadas y la falta de medios y servicios condicionaba la toma de decisiones judiciales. En los dos últimos años y medio ha cambiado todo. A principios de 1996, el Gobierno asumió como suya la competencia de ejecución de las medidas dictadas por los juzgados de Menores, lo que ha permitido que se ejecuten la totalidad de las medidas dictadas por los jueces. Además, se han construido tres centros educativos (uno en cada territorio, con capacidad para 8, 11 y 7 plazas) que atienden las demandas de internamiento, por lo que ningún menor tiene que cumplir una medida judicial fuera de Euskadi. El próximo año se inaugurará otro en Zumárraga (Guipúzcoa), que tendrá una capacidad para 70 adolescentes. También existen tres equipos de profesionales (en total 11 personas) que se encargan de la gestión técnica del programa. Estas unidades están integradas por psicólogos, educadores y trabajadores sociales. Entre las medidas aplicadas a los menores en 1997 y 1998 destacan las de mediación, reparación y conciliación entre la víctima y el joven infractor, que se van imponiendo sobre todas las demás. Mientras que en 1997 estas medidas coparon el 26,8% de todas las que se fijaron, en 1998 ya alcanzan el 35%. Incluso en un juzgado de San Sebastián, en el que el programa está más implantado, entre un 40 y un 45% de casos se está resolviendo por esta vía. La prestación de servicios en beneficio de la comunidad se está consolidando. A diferencia de la mediación, se trata de una medida impuesta por el juzgado. Los infractores deben realizar un número de horas de acuerdo a un plan específico y personalizado. El año pasado se hicieron 53 prestaciones y en 1998 se superarán las 45. Asimismo, el año pasado se realizaron 53 libertades vigiladas y en 1998 la cifra rondará las 65. Según el estudio, los programas que más se van a desarrollar son los de mediación y las medidas en medio abierto, como libertades vigiladas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas y centros de día.