El anhelado Tribunal de Casación

El Tribunal de Casación de Cataluña fue creado con el Estatuto de Núria, en 1932, pero no se constituyó hasta el 2 de marzo de 1934, cuando las competencias de aquel texto ya habían sido descafeinadas por las Cortes republicanas. En ese recorte, por ejemplo, el Tribunal de Casación perdió las competencias que se le habían atribuido en asuntos penales. Con todo, durante los cuatro años en que funcionó, el tribunal fue la última instancia judicial en derecho civil catalán y contencioso administrativo, y sentó jurisprudencia en esas materias.También tuvo una sección de recursos contra decisiones gubernativas y sustituyó a la dirección general de registros y de notarios. Sus magistrados eran los únicos de Cataluña designados por el Parlament Tras la restauración de la democracia y el desarrollo del título VIII de la Constitución de 1978, se constituyeron en las comunidades autónomas los tribunal superiores de justicia, que venían a sustituir a las audiencias territoriales. El estatuto catalán impide de forma expresa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pueda tener competencias penales. Este tribunal es la instancia máxima para las causas de derecho civil catalán. Si se trata de derecho civil común, la máxima instancia es el Tribunal Supremo. También compete al TSJC juzgar a las personas aforadas, jueces, consejeros y presidente de la Generalitat, y resolver los recursos extraordinarios de revisión sobre derecho catalán. Al presidente del TSJC, cargo que ahora desempeña Guillem Vidal, lo nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y su mandato dura cinco años. El CGPJ designa también a dos de los cuatro magistrados que integran la Sala de lo Civil y lo Penal. Los otros dos también los nombra el CGPJ, de entre dos ternas que propone el Parlament. Aunque Jordi Pujol no lo citó ayer, desde la Generalitat siempre se alude con anhelo al Tribunal de Casación de la Segunda República, pese a las notables diferencias entre el marco político de entonces y el de ahora. La consejera de Justicia, Núria de Gispert, admitió sin reparos el pasado 22 de octubre en una conferencia que el Tribunal de Casación "en la actualidad es inviable porque requeriría la previa reforma de la Constitución".