El camino de la soberanía marcó el punto de no retorno
Socialistas y nacionalistas no pudieron superar el dilema del ámbito de decisión, es decir, quién debe ser el sujeto que decida sobre el proceso de pacificación y normalización abierto tras la tregua de ETA. Encima de la mesa cada parte ha situado dos textos sobre la cuestión. El documento del PNV situaba el nudo gordiano en el punto 6, en el que se hacía referencia al "diálogo político resolutivo final". Ya en el mismo enunciado, los socialistas planteaban la primera pega. No es posible que esa negociación sea resolutiva y finalista, aunque cumplidos unos requisitos y fijada la interlocución, el PSE admitía un dialogo "sin otras condiciones ni límites".El desarrollo de ese punto era difícilmente encajable en el respeto a las reglas democráticas defendido por Nicolás Redondo. El punto 6 del PNV decía: "Las instancias competentes del Estado, como parte concernida por el proceso, optan por, y declaran de antemano, su disposición a: (a) dejar la resolución dialogada del conflicto en manos de los partidos representativos de la sociedad vasca, (b) hacer propios los acuerdos que aquellos puedan alcanzar en las instituciones vascas y (c) pactar con éstas su eventual incorporación al ordenamiento jurídico con el fin de que puedan resultar operativos".
Diez años de diferencia
Para cuando el PSE redactó su documento conocía ya la rémora que había que solventar en la negociación. En un intento de refundir el Pacto de Ajuria Enea (enero de 1988) con el Plan Ardanza (marzo de 1998), los socialistas llenaron de citas de ambos textos su propuesta. Diez años de diferencia había entre los dos documentos. Y, en medio, por primera vez, una tregua sin condiciones e indefinida.El PSE remarcaba en su punto 4 (c): "Los acuerdos que se adopten se desarrollarán por los procedimiento contemplados en el propio Estatuto y en la Constitución", algo que venía recogido en Ajuria Enea. Pero la respuesta en la mesa de negociación por parte de Egibar -con el consejero áulico Juan María Ollora al lado- fue tajante: "El Estatuto ya no tiene el consenso de antes".
El punto anterior, 4 (b), todavía era considerado más duro por la delegación peneuvista. "Las resoluciones vincularán en el ámbito vasco a los partidos políticos que las respalden y, en su caso, a las instituciones vascas que las asuman. Pero no comprometerán ni a los partidos políticos de ámbitos diferentes del de la Comunidad Autónoma Vasca, ni a las instituciones del Estado o de otras nacionalidades o regiones".
Para el PSE, transigir ahí era asomarse ante el abismo, con todos los boletos para iniciar la senda del soberanismo. El ámbito vasco de decisión fue el punto sin retorno de un desencuentro que Redondo e Ibarretxe no pudieron recomponer.
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