El Gobierno francés aplaza su reforma del sector audiovisual

El Gobierno socialista francés ha decidido aplazar la discusión parlamentaria de la reforma del sector audiovisual. El primer ministro Lionel Jospin, presionado por su mayoría, decidió pedirle a la ministra de Cultura, Catherine Trautmann, que revise su proyecto y deje la discusión para la próxima primavera. El grupo socialista desea una ley más radical, que regule el funcionamiento de los medios privados.

La reforma propuesta por Trautmann consiste, básicamente, en reducir la dependencia de la televisión pública respecto de los ingresos publicitarios; obligar a la Hacienda Pública a asumir el coste de la mengua de ingresos provocada por la reducción de publicidad; fusionar La Cinquième con Arte; y ampliar el mandato del presidente de la televisión pública de tres a cinco años.Para los Verdes, que forman parte del Gobierno, era imposible votar un proyecto de ley que supone "el asesinato" del servicio público. Sus principales reproches se centran en que la financiación de la TV pública pasaría a depender de la benevolencia del Ministerio de Hacienda y en que la publicidad rechazada por las cadenas públicas iba a engrosar las arcas, ya rebosantes, de dos canales privados, TF-1 y M 6.

El grueso de los diputados socialistas coincidía en las críticas. Y ha sido la ex-ministra Frédérique Bredin la que ha liderado el movimiento de protesta al que Jospin ha dado la razón. De momento Trautmann ya ha anunciado que Hacienda acepta abonar, íntegramente, el monto de todos aquellos jubilados, parados y familias con ingresos muy bajos, que quedan exonerados de pagar el canon -unas 19.000 pesetas anuales- que hay que satisfacer por el mero hecho de tener un televisor, a título de contribución a la televisión pública. Esa decisión equivale a garantizar unos 65.000 millones de pesetas al año, es decir, una suma casi idéntica a lo que la televisión pública perderá en publicidad si la reforma sale adelante.

Los diputados rebeldes han obtenido también de la ministra el compromiso a una retención de naturaleza fiscal sobre los ingresos publicitarios de los canales privados, cantidad que revertirá a favor de la televisión pública. Otra modificación aceptada por Trautmann acaba con la explotación exclusiva de los canales públicos que hacía una sociedad controlada por TF-1 en el sector de televisión por satélite.

Operación en TF-1

La vertiente más polémica del futuro proyecto de ley pasa por la exigencia, expresada por Bredin, de que la reforma no se limite a regular y reorganizar el sector público sino que también debe modificar las normas del sector privado.Bredin reclama que se vuelva a exigir que un mismo propietario o sociedad no pueda poseer más allá del 25% de las acciones de una empresa de televisión. En 1994 el ministro Carignon aceptó subir el techo hasta el 49%, y que las empresas implicadas en medios de comunicación no puedieran concurrir a los concursos para adjudicar obras públicas, una enmienda especialmente pensada para recortarle las alas al grupo Bouygues, principal propietario de TF-1. Precisamente, el grupo francés Bouygues, presente en la televisión privada, en el sector de la construcción y en la telefonía, tiene un nuevo socio. Se trata de François Pinault que, por 95.000 millones de pesetas, se ha quedado con el 12,6% de la sociedad televisiva, porcentaje al que hay que añadir el 3% que ya había adquirido, discretamente, durante los dos últimos años. Pinault es el propietario de la FNAC, del semanario Le Point, de los almacenes Printemps y de La Redoute, una sociedad líder en venta por correspondencia. La entrada en TF-1 de Pinault, que nunca ha ocultado sus simpatías chiraquianas y su apetito inversor, reduce el control de Bouygues justo cuando acaba de embarcarse en un intento de expansión asociándose a Rupert Murdoch en un proyecto de televisión de pago en Italia.