Aznar pide apoyo a Bruselas para sortear el aislamiento en la UE

El presidente del Gobierno, José María Aznar, se reunió ayer con la Comisión Europea en un intento de sortear el aislamiento de España en la batalla financiera de la UE, que le enfrenta con los países ricos. Aznar tachó de "inaceptables" y "regresivos" los informes de la Comisión, porque atentan contra el principio de cohesión o solidaridad del Tratado de la Unión. Le reclamó que ejerza su papel de guardiana, si es preciso "con guardia armada". Aznar dio su apoyo a la Agenda 2000, pues recoge el principio de la cohesión.

Esto es una procesión de líderes. En dos semanas, el italiano Massimo D"Alema, el alemán Gerhard Schröder y ahora José María Aznar. Todos buscan complicidades para sus posiciones nacionales en el siempre influyente Ejecutivo comunitario con vistas a la discusión de la futura financiación de la UE.El español lo hizo ayer combinando doctrina, mensaje y críticas al procedimiento. Se envolvió en la doctrina tradicional española de la política europea: "Desde hace más de doce años, la apuesta española es por el fortalecimiento de las estructuras y la integración europeas". El mensaje concreto es que "la solidaridad constituye una columna vertebral" de Maastricht. Y las críticas a la Comisión parten de que ésta debe cumplir mejor su función institucional de guardiana del tratado, sin amparar documentos que puedan conculcar el texto sagrado. Los dos últimos son "completamente inaceptables" y "regresivos", y constituyen "iniciativas desafortunadas y desproporcionadas".

Con estos duros adjetivos, Aznar se refirió al documento sobre recursos propios (ingresos), en el que la Comisión bendecía -sin asumirlas formalmente- tesis como la del "desequilibrio" de la carga presupuestaria al que se ven sometidos los países ricos y la hipótesis de darle salida mediante la cofinanciación de los gastos agrícolas, y al texto pedido por la presidencia austriaca en el que se postulaba la "estabilización" (en realidad, reducción) de los gastos.

El presidente del Gobierno formuló esas críticas a la Comisión también ante la prensa y en presencia de su presidente, Jacques Santer, quien ya se había anticipado al señalar que "la única propuesta de la Comisión que está sobre la mesa es la Agenda 2000". Éste es el documento básico -publicado en julio de 1997- que prevé los gastos comunitarios para el primer septenio del siglo próximo, y que es bastante favorable a los intereses españoles porque propugna el mantenimiento de la política estructural, incluido el Fondo de Cohesión para sus beneficiarios que accedan al euro. Los otros documentos "no son propuestas de la Comisión", insistió, aludiendo a su carácter de discos solicitados.

Aznar optó, en contra, por apoyar casi sin reservas la Agenda 2000, único texto que reconoció, a diferencia de los otros. "Es una base razonable de trabajo", aseveró, dejando en la penumbra las críticas que su Gobierno ha dedicado a que el programa establezca un tope de gasto en el 1,27% del PIB de los Quince y a las condiciones impuestas para la continuidad del Fondo de Cohesión. Los demás documentos no sirven, razonó, exhortando a Bruselas a que no los repita, porque contradicen su función de "guardiana" del tratado. Santer encajó bien el apoyo crítico español. Diplomático, aseguró que España no está "minorizada" [en minoría], pues aún se está lejos del acercamiento de posiciones previo a un compromiso, que debe fraguarse por unanimidad. El presidente del Gobierno español trató también con los comisarios asuntos concretos como las relaciones con Marruecos, la pesca, la zona especial de Canarias y el tráfico con Gibraltar. Se opuso a una fiscalidad común del impuesto de sociedades que propugna Bonn, tildándola -sin citar al ministro Oskar Lafontaine, su patrocinador- de "armonización de ineficiencias".

Y acabó su visita con una recepción a los funcionarios españoles en la UE, de quienes se dijo "orgulloso": "Debéis sentiros arropados", concluyó.

Inversión pública

Por otro lado, el colegio de comisarios aprobó ayer su plan de reactivación de la inversión pública -que EL PAÍS anticipó ayer-, aunque financiándola por sistemas que no supongan crear ni nuevos fondos ni el recurso al endeudamiento comunitario, a diferencia de lo que había propuesto el Libro Blanco de Jacques Delors.El plan se centra en la necesidad de completar las infraestructuras, sobre todo las grandes redes de transporte y energía, reconoce que la inversión pública ha disminuido en exceso y ofrece como salida para financiar los proyectos una combinación de inversión pública nacional (reorientando el gasto, desde el corriente hacia el productivo) y europea (Bruselas propone casi un billón de pesetas para estos fines en la Agenda 2000), la concertación con el sector privado y el uso de las reservas del BEI y del FEI.