Ámbitos de decisión

Hay términos o expresiones que se convierten durante una temporada en huéspedes de honor del léxico político; el ámbito vasco de decisión se ha ganado a pulso la pertenencia a ese selecto grupo de eufemismos. El muy probable fracaso de las negociaciones entre el PNV y el PSE-PSOE para formar Gobierno tras las últimas elecciones vascas gira precisamente en torno a ese latiguillo. ¿Qué realidad incómoda se oculta detrás de esa amable fachada? El documento presentado hace ocho meses por el lehendakari Ardanza a la Mesa de Ajuria Enea proponía confiar la solución de los problemas de Euskadi a "los partidos representativos de la sociedad vasca". Ese mandato sería no sólo exclusivo, sino también vinculante: el Gobierno de Madrid y las Cortes Generales deberían comprometerse a dar por buenos los acuerdos adoptados por "las instituciones vascas" (respetasen o no el marco de la Constitución y la legalidad vigente) y a incorporarlos al ordenamiento jurídico español sin modificar una coma.La Declaración de Estella, suscrita el 14 de septiembre por los nacionalistas moderados y radicales (con la IU de Anguita y Madrazo en el papel de estrella errante invitada), siguió la senda trazada por el Documento Ardanza, pero omitió sus referencias a la legitimidad de las actuales instituciones autonómicas. "La última palabra" y "la decisión" sobre el futuro del contencioso vasco -afirma el texto- corresponderá "a los ciudadanos de Euskal Herria": los Estados de España y de Francia tendrán que limitarse a respetar su voluntad. El Documento Ardanza y la Declaración de Estella retoman así el tradicional concepto de soberanía para atribuírsela no a un Estado ya constituido, sino a un pueblo considerado nación por los representantes políticos de la mitad de sus habitantes. Los asuntos sometidos de forma exclusiva a la soberanía ejercida por el ámbito vasco de decisión no son materias asignadas por el Estatuto de Guernica y la Constitución al Parlamento y el Gobierno de Vitoria. La Declaración de Estella invade la esfera competencial de España, Francia y la Unión Europea a fin de barrer para su casa todas las "cuestiones fundamentales" del célebre conflicto: la territorialidad (esto es, la incorporación a Euskadi de Navarra, Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra) y la soberanía política (esto es, la formación de un nuevo Estado independiente integrado por los cuatro territorios hoy españoles y los tres territorios actualmente franceses) serían decididas sólo por los votantes vascos.

El sistema de libertades y el Estado de Derecho amparan cualquier reivindicación individual o colectiva siempre que no conculque los derechos humanos y sea defendida de forma pacífica, dentro de los cauces legales y con respeto hacia las reglas de juego constitucionales. La tregua de ETA, a la espera de la definitiva renuncia a la violencia del nacionalismo radical, es un primer paso hacia la viabilidad democrática de las pretensiones nacionalistas de cualquier signo. Sin embargo, la cultura política civilizada también es incompatible con los imperativos modos empleados por el PNV en sus tratos con el PSE-PSOE para negociar un Gobierno de coalición presidido por Ibarretxe. Porque el trágala de ese ámbito vasco de decisión defendido por la Declaración de Estella es una condición de imposible cumplimiento para los socialistas. Sólo la mala fe, el gusto por la provocación o la búsqueda de un pretexto para romper las negociaciones con el PSE-PSOE y formar un Gobierno nacionalista apoyado por HB permitiría explicar la extemporánea exigencia del PNV: los socialistas nunca podrían aceptar que las decisiones tomadas por el Parlamento de Vitoria (o por una asamblea de ayuntamientos) sobre materias de competencia estatal y supraestatal tuvieran fuerza vinculante para obligar al resto de España, a Francia y a la Unión Europea. La Constitución protege el derecho de cualquiera a expresar disparates políticos, defender absurdos jurídicos o sostener necedades históricas, siempre y cuando no lo haga con las armas en la mano; nada obliga, sin embargo, a que los socialistas de Euskadi tengan que aceptar las arcaicas doctrinas de los nacionalistas sobre la soberanía originaria, el ámbito de decisión y los derechos históricos como condición para ser considerados vascos y para gobernar en su tierra.