El PSPV afirma que el concurso del Casino Costa Blanca oculta una adjudicación directa

El encaje de bolillos desarrollado por los técnicos de la consejería de Hacienda para adjudicar la licencia de explotación del Casino Costa Blanca de forma pareja a la subasta de los bienes de la sociedad que explota la sala de juegos ha despertado las sospechas de los últimos responsables socialistas de la consejería que sospechan que todo el proceso oculta "una adjudicación directa". Las mismas fuentes creen que la orden de Hacienda vulnera el espíritu de un concurso público y no garantiza el cobro de la deuda de Casino Costablanca, SA, que ronda los 2.000 millones de pesetas.

La deuda tributaria que la sociedad Casino Costablanca arrastra desde finales de 1994 provocó la convocatoria de una subasta de los bienes inmuebles de la mercantil a principios de 1996. El volumen de la deuda ascendía entonces a 1.400 millones, pero el precio de salida del procedimiento ejecutivo apenas superaba los 700. Además, la puja por los bienes de Casino Costablanca no garantizaba la obtención automática de la licencia de explotación. Hacienda anuló la subasta apenas un día antes de su celebración y embargo la caja de la sala de juegos. Dos años después, la consejería se plantea dos procedimientos paralelos, la subasta de los bienes por vía ejecutiva y un concurso simultáneo que garantice la adjudicación de la licencia a la sociedad que asuma la propiedad del local y sus terrenos aledaños. Los responsables de la consejería aseguran que su primera preocupación es garantizar los puestos de trabajo, cerca de 140, de los actuales empleados de Casino Costablanca. Fuentes socialistas ofrecen otra lectura. La orden de convocatoria del concurso para la obtención de la licencia de explotación de la sala de juegos está redactada de acuerdo con el actual reglamento de juego de la Generalitat y plantea los requerimientos genéricos propios para la adjudicación elaborados a partir de su interés turístico, como estableció la ley estatal de juego y como corresponde a la veintena de casinos que funcionan en el conjunto del Estado. Pero los requerimientos genéricos para la concesión de la licencia en la Comunidad Valenciana quedan viciados, según fuentes socialistas, por el hecho de que la propia orden establezca que es preceptiva la participación en la subasta ejecutiva de los bienes de Casino Costablanca y fije con todo detalle las fincas del término municipal de La Vila Joiosa donde debe instalarse la sala de juegos en lugar de atender a la capacidad del territorio valenciano para ofertar una nueva sala de juego. De hecho, la orden establece que la oferta de juego en la Comunidad Valenciana se puede ampliar precisamente a partir de la convocatoria de la subasta de enajenación de los bienes de la actual sala de juegos. Absurdo Fuentes socialistas comentan que un concurso público no puede establecer condiciones tan particulares y lo expresan de forma gráfica: "Es absurdo establecer que para acceder a una plaza por concurso hay que medir uno setenta, ser moreno, tener ojos claros y llamarse Manuel Pérez". La posibilidad de un recurso contra la adjudicación de la licencia, si efectivamente se publicara la orden tal como está redactada, podría provocar un grave perjuicio a Hacienda en el plazo de dos o tres años. Pero los problemas no se detienen ahí. La única mención a los puestos de trabajo que contiene la orden solicita una "estimación de la plantilla de trabajadores que habrá de prestar servicios en el casino, con expresa indicación de las distintas categorías y puestos de trabajo de la misma". Los socialistas consdieran que tal mención no supone ninguna garantía para los trabajadores que actualmente emplea Casino Costablanca. La subasta por vía ejecutiva permitiría ingresar parte de la deuda pendiente, pero no garantiza que Hacienda vaya a recibir los cerca de 2.000 millones que le adeuda Casino Costablanca, a tenor de la valoración de los terrenos que estimó la Agencia Tributaria en 1996. La sociedad que obtenga los bienes en pública subasta queda exenta del pago de otras obligaciones, según las normas tributarias vigentes. Los procedimientos administrativo de concesión de la licencia y ejecutivo de recaudación tienen tiempos distintos. El primero es mucho más dilatado que el segundo, lo que entraña otra dificultad, puesto que el concurso para adjudicar la licencia debe anunciarse oficialmente antes que la subasta a partir de la cobra cuerpo. La comisión técnica del juego estudiará esta semana la orden que propone la consejería de Hacienda antes de su publicación. Fuentes de la consejería admiten las complicaciones jurídicas del caso pero insisten en sólo han procurado "con gran esfuerzo" salvar tanto los intereses tributarios de la Generalitat y del Ayuntamiento de La Vila Joiosa como los puestos de trabajo.