Las autonomías exigen del Gobierno una reforma profunda de la justicia

Los Gobiernos autónomos de Cataluña y el País Vasco acordaron ayer en Barcelona coordinar sus reivindicaciones para exigir al Ministerio de Justicia que lleve a cabo una reforma profunda del poder judicial en todos los ámbitos. Para ello, están ultimando la redacción de un documento en el que exigen la creación de una Conferencia Sectorial de Justicia para debatir y coordinar las políticas de cada una de las seis comunidades autónomas que tienen traspasadas competencias.

Este acuerdo de coordinación institucional en materia de Justicia fue acordado ayer durante la reunión que mantuvo la consejera catalana Núria de Gispert con una delegación vasca encabezada por su homólogo en funciones, Sabin Intxaurraga. Ambos recordaron que la conferencia sectorial que reclaman funciona en otros ministerios, mucho más receptivos a los planteamientos de las autonomías de lo que se ha mostrado hasta ahora la ministra Margarita Mariscal de Gante. La reclamación de Cataluña y el País Vasco será presentada antes de Navidad al resto de autonomías con competencias en Justicia: Galicia, Andalucía, Canarias y Comunidad Valenciana; en enero se celebrará una reunión de los seis consejeros. De Gispert e Intxaurraga anticiparon ayer que si alguna de esas comunidades no secunda la iniciativa, ellos seguirían adelante con sus reivindicaciones. Se trata, en definitiva, de dar un paso más a las reclamaciones aisladas que hasta ahora se han presentado en materia de Justicia desde el País Vasco y Cataluña. Un anacronismo Ambos gobierno autónomos coinciden, por ejemplo, en reclamar la gestión directa de las plantillas judiciales porque "es un anacronismo" que sigan siendo cuerpos nacionales. "Vamos a intentar que desaparezcan en el mayor tiempo posible", explicó Intxaurraga. También coinciden en que la justicia debe reflejar el bilingüismo existente en ambos territorios; para ello es necesario impulsar el conocimiento del euskera y del catalán entre los funcionarios y otros profesionales del mundo judicial. En este sentido, la Generalitat es partidaria de que los jueces que obtengan una plaza en Cataluña superen un curso de catalán antes de incorporarse a su destino, aunque esta reivindicación no ha sido planteada todavía ni al Ministerio de Justicia ni al Consejo General del Poder Judicial. En el caso del País Vasco esta propuesta debería ser diferente, pues el aprendizaje del euskera requiere mayor tiempo. "Lo que está claro es que la justicia se tiene que adecuar al Estado de las autonomías", repitió ayer una vez más la consejera De Gispert.