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España y Portugal ultiman un acuerdo sobre la gestión de sus ríos comunes

El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el primer ministro portugués, António Guterres, iniciaron ayer en Vilamoura (Portugal) una nueva cumbre bilateral en la que se ultimará el contenido de un convenio sobre los recursos hídricos de los ríos comunes, un asunto de la máxima prioridad para el país vecino. Asimismo, aprobarán un acuerdo de persecución policial transfronteriza, una comisión de arbitraje para resolver los conflictos pesqueros y estudiarán una estrategia común para defender los fondos de cohesión que reciben de la Unión Europea.

El convenio sobre los recursos hídricos, reclamado por Portugal desde hace años, está prácticamente negociado a falta de cuestiones técnicas sobre los caudales mínimos del Guadiana, un asunto que podría zanjarse durante la propia cumbre, a la que Aznar ha acudido acompañado de siete ministros y 20 altos cargos del Ejecutivo.Los dos jefes de Gobierno han dejado clara su voluntad de resolver este asunto y prueba de ello ha sido el maratón de reuniones sostenidas por ambas delegaciones durante el último mes. La dependencia portuguesa de los ríos que nacen en España ha provocado que las autoridades lusas reclamaran la cogestión de sus aguas y de la política de trasvases española.

Las reclamaciones portuguesas, tras más de 30 años sin actualizar el convenio, han sido prácticamente aceptadas por España incluso antes de que la UE apruebe una directiva sobre el agua que, seguramente, limitaría el alcance de las demandas de Lisboa. Aznar y Guterres podrían zanjar hoy mismo el asunto del Guadiana, cuyos escasos caudales han provocado la resistencia española, especialmente cuando Portugal pretende construir cerca de la frontera un gran embalse.

Tras este asunto, el siguiente en importancia en la agenda de la cumbre de Vilamoura será el diálogo entre los dos jefes de Gobierno y sus respectivos ministros de Economía para intercambiar opiniones sobre la posible pérdida de los fondos de cohesión de la UE. No se descarta que estudien una posible estrategia común aunque sus intereses no sean completamente coincidentes. El primer ministro luso, António Guterres, explicó anoche que las políticas de ambos países son cada vez "más convergentes en la construcción europea".

El vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato, y el ministro de Exteriores, Abel Matutes, ya han anunciado que España está dispuesta a bloquear la reforma financiera de la UE si se vislumbra un recorte drástico de los fondos de cohesión, donde Portugal también resultaría seriamente afectada, aunque en menor medida. De hecho, el ex primer ministro portugués, Aníbal Cavaco Silva, reconoció el pasado jueves en Madrid que "ha llegado la hora de resistir" a la ofensiva contra la cohesión encabezada por Alemania.

En asuntos comunitarios, España reconoce que Portugal puede ser un aliado en la defensa de los intereses agrícolas en el seno de la UE. Así, Lisboa, en sintonía con Madrid, ha expresado su rechazo a la reforma del olivar. No obstante, el embargo español, previo al europeo, sobre la carne de vaca portuguesa podría plantear algún conflicto y, de hecho, los ganaderos lusos han pedido recientemente que se decrete el embargo a los cerdos españoles alegando que son alimentados con harinas de origen animal, prohibidas en Portugal.

Por otro lado, el Gobierno portugués anunciará su decisión de indemnizar a un grupo de españoles cuyos bienes fueron expropiados en la Revolución de los Claveles (1974-1975) y no habían reclamado por vía judicial. La indemnización rondará los 600 millones de pesetas y conlleva el compromiso de estudiar los casos particulares de las dos familias más perjudicadas (Peña y Mahou), que reclaman miles de millones por aquellas nacionalizaciones. El año pasado se desbloqueó un comité sobre el caso, que no se reunía desde 1990, para resolver un contencioso que va a cumplir 25 años.

Persecución policial

La cumbre hispano-lusa aprobará también un acuerdo de persecución policial transfronteriza, la llamada persecución en caliente, y decretará la creación de dos nuevas comisarías mixtas en la frontera, concretamente en Tuy (Galicia) y en Vila Real de San António (Huelva), tras las experiencias de Fuentes de Oñoro-Vilar Formoso (Salamanca) y Caia-Badajoz. Además, el Gobierno español ha solicitado a Portugal la agilización de los trámites administrativos para trasladar a a los reclusos españoles condenados en Portugal que quieren cumplir sus penas en España.La agenda incluye también la aprobación de una comisión mixta de arbitraje para resolver los conflictos pesqueros y la creación de un convenio marco para la construcción de puentes transfronterizos sin que sea necesaria, como hasta ahora, la firma de un tratado internacional que, a su vez, debe ser ratificado por el Parlamento

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de noviembre de 1998

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