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Jóvenes, obreros, en el paro y dejados de la mano institucional

La mitad de los vecinos no ha cumplido los 30 años y la tasa de desempleo está por encima del 47%

Dice José Martínez, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot (en manos del PSPV), que el centro de atención a la infancia del barrio de las 613 Viviendas representa, sin duda alguna, el modelo educativo del siglo XXI. Cada día, hacia la una de la tarde, 75 niños de cero a tres años duermen allí plácidamente una siesta a la europea, después de una frugal colación preparada con esmero por las cocineras, entre juguetes gigantes y cacerolas de última generación. Sorprende la escasa edad de las madres que se acercan a recoger a sus retoños, pero aún sorprende más que nadie (parece que le correspondería al Instituo Valenciano de la Vivienda, dependiente del Consell) haya retirado todavía los viejos barracones metálicos que permanecen en el barrio como símbolo de lo que no puede ser un lugar destinado a la enseñanza. Porque lo primero -evitar los embarazos en mujeres jóvenes o adolescentes- resulta harto difícil. Explicarle a una niña que no debe echar por tierra su desarrollo formativo no depende sólo de psicólogos o trabajadores sociales; también de sus propios padres. El barrio de las 613 Viviendas está dividido en dos plazas, con 20 bloques de viviendas de cuatro alturas en cada una de ellas: en la plaza del 9 de Octubre vive mayoritariamente población obrera y la de Palleter la integran minorías étnicas que llegaron en su día procedentes de las cuevas de Paterna y tuvieron que acostumbrarse a vivir en vertical. A finales de los años ochenta la mitad de los vecinos vivía de forma ilegal, sin pagar agua ni luz, en pisos ocupados o vendidos unos a otros -por aquel entonces el barrio estaba separado de Burjassot por un solar, lo que lo mantenía aislado del resto del municipio, como le ocurre actualmente al barrio de La Coma en Paterna-, lo que, a juicio de José Martínez, responde a un error del Ministerio de Obras Públicas (como se llamaba en los años de gobierno socialista), que no prestó atención a experiencias parecidas de otros países europeos con barrios de este tipo. Las sucesivas negociaciones con el Instituto Valenciano de la Vivienda, que heredó las competencias del ministerio, permitieron ir legalizando algunas de estas situaciones. Expulsada literalmente del barrio la gente más problemática -en su mayoría delincuentes habituales-, se rehabilitaron algunas viviendas, que fueron entregadas a colectivos obreros, y se prestó ayuda a madres solteras con problemas económicos. Con el tiempo, el convenio con la Consejería de Obras Públicas quedó paralizado y, en palabras de Martínez, los actuales responsables del Instituto de la Vivienda no están haciendo lo que deberían hacer. "Nos la están jugando vilmente", dice, "porque no tienen claro lo que significa una vivienda social". Su opinión es que lo único que les interesa es vender las viviendas para "quitárselas de encima", de modo que la gente con más dinero, "algunos mafiosos incluidos", tienen más fácil el acceso a los pisos. Del Ayuntamiento surgió la idea de tapiar los bajos de las fincas, que tradicionalmente servían de foco de concentración de basuras y en cuyos pilares escondían los toxicómanos las papelinas con la droga. Y así se hizo. En uno de esos bajos se instaló el centro de Servicios Sociales, en el que trabajan Manuel Monje (coordinador de los técnicos municipales) y Javier Uceda, responsable del llamado equipo de zona del barrio. Talleres y ludoteca Ambos se quejan de que la representación institucional de las distintas consejerías es escasa (los representantes del Gobierno autonómico apenas acuden a la Comisión Mixta creada para reflotar los barrios de acción preferente), lo que impide muchas veces que los programas sigan adelante. Pero pese a todo, se han ido haciendo cosas. En el barrio hay dos ludotecas para niños de cero a seis años y de seis a 14 -aunque en este segundo grupo se advierten a menudo actitudes predelictivas-. De las dos escuelas de Primaria, una está cerrada por falta de alumnos y los técnicos municipales no descartan aprovechar el edificio para realizar allí los Talleres de Inserción Social (TIS). "Si los jóvenes encuentran empleo, se lanzarán al mercado laboral sin necesidad de recurrir a los Servicios Sociales", dice Martínez. Lo cierto es que la falta de empleo -la tasa de ocupación es del 52%- es uno de los graves problemas del barrio, del que no ha desaparecido del todo la droga, aunque se hayan tapiado los bajos. Muchos de los vecinos de las 613 Viviendas se dedican a la venta ambulante. La mayoría de ellos apenas tienen el Certificado Escolar. El porcentaje de vecinos sin estudios y/o analfabetos supera el 66%.

Incumplimientos por áreas

Los Servicios Sociales municipales denuncian el grado de incumplimiento del decreto 157/ 88 sobre Barrios de Acción Preferente, del que culpan a la Administración autonómica: EDUCACIÓN-CULTURA. La falta de previsión en el tránsito de los Centros de Acción Educativa Singular a los institutos de Secundaria impide frenar la desescolarización (la edad más problemática es entre los 14 y los 16 años) y no se han habilitado medidas de discriminación positiva (material escolar, profesores de apoyo) para superar las desigualdades. Educación no realiza programas de promoción del deporte, el ocio y la cultura -función que ha asumido el Ayuntamiento-. SANIDAD. No se ha realizado un estudio de salud comunitaria. No hay programas preventivos específicos, pese a que existe un alto porcentaje de drogodependientes y de niños con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La representación institucional en la Comisión Mixta recae en el coordinador de Atención Primaria del Centro de Salud, situado a tres calles del barrio. DROGODEPENDENCIAS. Burjassot tiene una Unidad de Prevención Comunitaria, pero la Unidad de Conductas Adictivas está en Paterna. Los técnicos del Ayuntamiento dicen que la Dirección General de Drogodependencias no da ningún tipo de directrices de intervención. VIVIENDA. La política de amortización bonificada a los ocupantes de los pisos (hasta el 70%), tiene como consecuencia la pérdida de su condición de vivienda social y la especulación en el mercado debido a su bajo coste. Los Servicios Sociales municipales lamentan la falta de coordinación con el Instituto Valenciano de la Vivienda y acusan a la consejería de amortizar viviendas sin mirar a quién las vende. La construcción de nuevas viviendas sociales (no necesariamente en barrios marginales) evitaría el alto índice de hacinamiento que registran todavía los barrios como éste de las 613 Viviendas. EMPLEO. Los técnicos denuncian la disminución de los programas de Inserción Socio-Laboral, los programas de Garantía Social (en 1995 había tres y en 1998 sólo uno) y los Talleres de Formación e Inserción Laboral (este año fueron denegados dos talleres para colectivos marginados). Añaden a sus quejas el desinterés por parte de la Generalitat, ya que el representante institucional apenas acude a las reuniones de la Comisión Mixta. SERVICIOS SOCIALES En estos momentos es la Dirección General de Familia y Adopciones la que se encarga de los programas de intervención en el barrio. Entre 1995 y 1996 se redujeron a la mitad las Ayudas de Emergencia (puntuales).

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