La Audiencia declara ilegales seis fichajes en Patrimonio que autorizó Álvarez Cascos

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia, tras la demanda formulada por el sindicato Comisiones Obreras contra el consejo de administración de Patrimonio Nacional, en la que considera ilegales los contratos laborales con carácter indefinido, sin selección laboral previa, aprobados en al menos seis ocasiones por el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, cuyo titular es Francisco Álvarez Cascos.

Los contratos, firmados con la autorización del vicepresidente primero, afectan al delegado de Patrimonio Nacional en el Palacio de San Ildefonso (Segovia), al del Palacio de Marivent (Mallorca), al del Real Sitio de El Escorial y Valle de los Caídos (Madrid), al jefe del Gabinete del presidente del organismo y a dos guías. Estos trabajadores, ajenos a Patrimonio Nacional y que siguen en sus puestos, según CCOO, fueron contratados a dedo e indefinidamente por los actuales gestores del organismo.La diputada de Izquierda Unida Inés Sabanés denunció en el Congreso la contratación del delegado de Patrimonio en San Ildefonso, Juan Ramón Aparicio. Álvarez-Cascos respondió que él había autorizado la contratación "en uso de las facultades" que le reconoce el artículo 13.7 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Además, como se trata de "un puesto de trabajo de libre designación", no resulta "preceptiva la convocatoria pública de la vacante".

Denuncia

CCOO denunció los hechos ante la Audiencia Nacional en mayo de este mismo año. El abogado del Estado argumentó que era legal la fijeza de los contratados en virtud del artículo 15 del convenio colectivo de los trabajadores de Patrimonio, que establece cuatro modalidades de contratación de candidatos. Pero los jueces fueron contundentes al declarar que "el análisis detallado de estos cuatro supuestos no ofrece ningún resquicio por el que pueda inferirse que Patrimonio Nacional tenga la facultad de efectuar contrataciones laborales fijas de plantilla" basándose en el citado artículo 15. Añade la sentencia que "deben convocarse pruebas selectivas, incluso para el personal laboral".Luis Mariscal, dirigente de de la central sindical, afirmó ayer que la sentencia demuestra "que el Partido Popular quiere convertir la Administración en su chiringuito particular".

Un portavoz de Patrimonio Nacional señaló ayer que este organismo no hará declaraciones hasta que el Gobierno responda en el Congreso a la pregunta planteada por Sabanés.