Dos aviones esperan en Londres un fallo favorable para trasladar a Pinochet a Chile

Fuentes solventes dijeron anoche que la resolución de los cinco jueces lores sobre la inmunidad del general senador Augusto Pinochet ha sido enviada para imprimir el pasado lunes 23 a los servicios del comité judicial de la Cámara de los Lores para ser anunciada hoy oficialmente, a las dos de la tarde hora de Londres (tres de la tarde hora española). Dos aviones esperan en un pequeño aeropuerto próximo a Londres la decisión para trasladar inmediatamente a Pinochet a Chile, caso de mantenerse la inmunidad. Si los lores deciden revocar esa protección, empezará el juicio de extradición a España.

Ayer se inauguró oficialmente el año parlamentario en el Reino Unido con la visita oficial de la reina Isabel a las cámaras. Todos los lores, incluidos los law lords, esto es, los jueces lores, tenían su agenda ocupada. "Creemos que la resolución con su veredicto fue enviada el pasado lunes para su impresión, ya que la jornada del martes ha estado muy cargada con la visita de la reina al Parlamento", dijo anoche una fuente jurídica solvente a este periódico. La misma fuente se negó a especular sobre el contenido de la resolución. "Las hipótesis comenzarán a circular mañana [por hoy, miércoles 25] por la mañana", dijo la misma fuente.Los cinco miembros del comité judicial de la Cámara de los Lores, que ejercen las funciones de un tribunal supremo, han consumido casi dos semanas para adoptar su resolución. La vista de la apelación contra la inmunidad del general-senador Pinochet terminó el pasado jueves 12 de noviembre. Las versiones apuntaban a que la sentencia podía estar lista el pasado jueves 19, pero los jueces lores se adelantaron el pasado miércoles 18 y anunciaron que la resolución sería anunciada el miércoles 25 de noviembre a las dos de la tarde. Se rompe, así, la tradición de anunciar sus resoluciones los días jueves en la Cámara de los Lores.

La incógnita sobre el desenlace del caso es, entre los juristas, abogados y profesores universitarios consultados, unánime: se ignora cuál puede ser el veredicto. Un abogado vinculado a Amnistía Internacional, Andy McEntee, dijo ayer a este periódico que confía en conseguir el levantamiento de la inmunidad. "La sentencia del Alto Tribunal de Justicia ha sido muy débil", dijo. Confrontado con el hecho de que la decisión no escapa de las influencias políticas, el abogado dijo: "Lo sé, pero tengo confianza". ¿En qué se basa? "Creo que se hará justicia", señaló.

En fuentes próximas al general Pinochet también se respira confianza. Un empresario que se define como anglochileno dijo a este periódico: "Hemos peleado bien. El primer asalto ha sido nuestro, y no creo que los lores vayan a dejarlo sin efecto".

La resolución debe abordar, quizá por primera vez en referencia a un personaje de la importancia de Pinochet, el problema de si la Ley de Inmunidad de Actos de Estado de 1978, del Reino Unido, protege a un jefe de Estado frente a la ley penal cuando se le acusa de cometer genocidio, terrorismo y tortura que han afectado, en el caso de Chile, a 4.000 personas, según se ha reconocido de manera oficial.

También deberá aclarar si esa protección se extiende a aquellas personas que, como Pinochet, ya no son jefes de Estado, y, finalmente, los lores deberán pronunciarse sobre si su inmunidad cubre también los nueve meses de su mandato, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 26 de junio de 1974, en los que no era oficialmente jefe de Estado. Fue, en efecto, el 26 de junio de 1974 cuando un decreto convirtió a Pinochet en jefe supremo del Estado con rango similar al de presidente de la República.

Uno de los textos básicos utilizados en las seis sesiones de la Cámara de los Lores fue el del profesor de Oxford Ian Bronlie Principios de la ley internacional pública, quien a su vez apoyó en los estrados a la Fiscalía de la Corona, junto a Christopher Greenwood, profesor de Cambridge. Las tesis de la obra de Bronlie, precisamente, consideran que los delitos por los que se acusa a Pinochet no pueden ser amparados por la Ley de Inmunidad de Actos de Estado del Reino Unido.