El Gobierno se propone imponer a Telefónica un régimen de precios máximos a partir de 1999

Los ministerios de Fomento y Economía quieren mantener un control sobre Telefónica después del 1 de diciembre, fecha en que se liberalizan las telecomunicaciones en España. Ambos departamentos se han propuesto remodelar el marco de tarifas en vigor y estudian imponer al operador dominante un régimen de precios máximos, revisable cada año. Se trataría así de favorecer la competencia y facilitar la adecuación de los precios del primer operador a sus costes reales. En la actualidad Telefónica está sometida a un régimen de precios fijos autorizados que la compañía propone a Fomento.

Con el nuevo sistema de precios máximos autorizados, Fomento y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) someterán al operador líder del sector a una vigilancia cuyos objetivos son la adecuación de los precios de la telefonía básica a los costes reales del servicio -cada día más bajos gracias a la aplicación de nuevas tecnologías-, favorecer la competencia y extender el uso de las telecomunicaciones entre los particulares.El nuevo régimen de precios máximos se aplicaría a una cesta de servicios del operador dominante o líder -Telefónica tiene esa consideración hasta el 1 de enero del 2006 y otros operadores la tendrán cuando alcancen una cuota de mercado del 25%- con la confianza de que el resto de las compañías, a las que Telefónica no tiene obligación de dar interconexión en el bucle local (ámbito metropolitano), adaptarán su oferta a esa referencia.

Déficit de acceso

Los técnicos que trabajan para Fomento y la CMT consideran que la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) ha dejado un vacío sobre la regulación de precios a partir del 1 de diciembre. En principio, se da por supuesto que, al abrir el mercado, los precios serán también libres. De hecho, los nuevos operadores (como Retevisión, Uni2, BT, RSLCom, Colt, Esprit, Equant, C&W y otros) fijan libremente sus tarifas, aunque tienen obligación de presentarlas a la CMT.Los expertos creen que puesto que Telefónica asegura que presta algunos servicios por debajo de costes, no podrá bajar tanto los precios como para anular la competencia, por lo que consideran inútil un sistema de precios mínimos para asegurar la igualdad de oportunidades y apuestan por el mecanismo de máximos para controlarlos. En cuanto a los nuevos entrantes, ya tienen como precios mínimos las tarifas de interconexión (entre 1,65 pesetas por minuto de comunicación y 5,11 pesetas) que pagan a Telefónica, por debajo de las cuales no pueden cobrar al usuario final sin incurrir en pérdidas.

En Telefónica, no obstante, creen que la operadora debería establecer también libremente sus precios a partir de la liberalización. Lo que intentan los reguladores es conciliar ese deseo de la compañía con el fomento de la competencia.

El operador dominante tiene un déficit "de acceso" [la diferencia entre lo que pagan los usuarios por disponer del servicio y el coste del mantenimiento de la red] estimado por la CMT en 140.000 millones de pesetas, y mantiene que para compensarlo es necesario un reequilibrio de tarifas (subida del abono mensual y de las llamadas metropolitanas, donde no tiene competencia). Atendiendo a esas reclamaciones, es improbable que Telefónica rebaje esos conceptos si antes no se compensan los costes porque deterioraría sus resultados.

Tarifas de referencia

Aprobado el nuevo régimen, una decisión que corresponde finalmente a los ministerios de Economía y Fomento, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará lo antes posible un marco de tarifas máximas de referencia, cuya posibilidad ya está contemplada en la Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que la CMT, que asumirá todas las funciones reguladoras del sector a partir del próximo 1 de diciembre, y Telefónica han iniciado ya las conversaciones para alcanzar un primer acuerdo y tener configurado el nuevo marco de tarifas a principios de año.La CMT partirá de esos primeros precios máximos para exigir al operador que rebaje sus tarifas. La rebaja se aplicaría cada año, según el IPC menos un porcentaje que fijará el regulador en función de una cesta de los servicios de Telefónica. La CMT deberá elevar una propuesta de precios máximos a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que será la encargada de aprobarlos.

Así, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos podrá mantener el control sobre los precios de un servicio que considera estratégico para controlar la inflación. Un sistema similar se aplica ya en el Reino Unido.