Once entidades acusan a la Generalitat de incriminar a los "niños de la calle"
Once entidades cívicas y organizaciones no gubernamentales (ONG) reclaman a la Generalitat "programas de intervención de carácter transitorio" para facilitar la integración de los cerca de 200 niños inmigrantes indocumentados que malviven en las calles de Barcelona y su área metropolitana, absolutamente abandonados a su suerte. Las entidades -entre las que se hallan la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, la Federación de Colectivos de Inmigrantes de Cataluña y la Asociación Catalana de Infancia Maltratada- denuncian que, tras hacerse pública en los medios de comunicación la situación de estos menores, la Generalitat sólo ha anunciado medidas de carácter policial. Según las entidades, ello ha generado en la sociedad la imagen de que se trata de un colectivo de "delincuentes, que todos roban, ejercen la prostitución y trafican con drogas dentro de redes organizadas, por lo que hay que castigarles y encerrarles". Las 11 organizaciones sostienen que el perfil delictivo que se atribuye a estos niños "no está probado" por la fiscalía ni por el Grupo de Menores de la Jefatura Superior de Policía. "Lo que sí es manifiestamente evidente", aseguran, "es que son menores que no tienen garantizada la cobertura de sus derechos más básicos y que carecen de la tutela de algún adulto". Según las entidades, la Generalitat "busca distraer la atención de su responsabilidad, que es la de garantizar los derechos de los niños desamparados, incriminando a este colectivo, como hace con los inmigrantes adultos, por el hecho de haber emigrado". El anuncio de la consejera de Justicia de la Generalitat, Núria de Gispert, de crear un centro especial para estos menores no satisface a estas entidades, puesto que creen que "generará diferencias respecto a los menores catalanes". También reprueban la propuesta de la Generalitat de crear un cuerpo policial adscrito a la Dirección General de Atención a la Infancia. "En lugar de crear más cuerpos policiales, los que ya existen deben ejercer su tarea protegiendo y no castigando a los menores".
