La fiscalía recurre el auto que califica de imprudencia la fuga de Uquifa
El fiscal ha presentado un recurso contra el auto del juez que instruye la fuga de cloro de la empresa química Uquifa de Sant Celoni, calificándolo como una falta de imprudencia leve, al entender que supone un delito contra la salud pública y el medio ambiente. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 1 de junio de 1996 al romperse un depósito con 30.000 litros de lejía que entraron en contacto con una tubería de ácido clorhídrico, lo que originó una nube tóxica de cloro, emitiendo al aire más de 4.000 kilogramos de esta sustancia química y provocando la intoxicación de un centenar de personas. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Granollers, César González, que instruye el sumario por este caso, dictó en octubre un auto por el que acuerda "reputar como una falta de imprudencia leve estos hechos", abriendo el proceso para celebrar un juicio de faltas, tras haber concluido la instrucción de las diligencias previas. El fiscal ha presentado un recurso a este auto en el que afirma que "los hechos revisten los caracteres de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, así como otro de prevaricación medioambiental". En su recurso, también asegura que "el juez instructor no especifica si se trata de una falta de imprudencia grave con resultado de lesiones graves o una falta de imprudencia leve con resultado de muerte o lesiones". El fiscal considera que "los hechos instruidos no pueden ser tipificados como una simple falta de imprudencia" y añade que "los responsables de la empresa Uquifa incurrieron en una imprudencia grave por omisión de las normas de seguridad y prevención indispensables para evitar el accidente, por hacer circular a través de unos tubos de PVC sin protección alguna ácido clorhídrico junto al depósito de hipoclorito sódico". Este recurso se sitúa en la línea del presentado contra el auto del juez por los abogados de los vecinos del barrio de Les Borrelles de Sant Celoni, el más afectado por la fuga de cloro, y en el que se solicita que los hechos se juzguen como un presunto delito contra la salud pública y el medio ambiente.
