La guerra del tabaco deja cicatrices

Sólo las asociaciones anti-tabaco más radicales han puesto reparos al acuerdo que pone fin a la guerra entre la industria y las administraciones de Estados Unidos. Los más críticos ven pequeñas fisuras en el texto que permitirán a las empresas seguir convirtiendo el tabaquismo en un negocio redondo. Las restricciones publicitarias acaban con Joe Camel -el camello fumador de dibujos animados- pero permiten que el hombre de Marlboro siga cabalgando con un cigarrillo colgando de los labios.Uno de los términos del acuerdo oculto en la letra pequeña obliga a las empresas que venden cigarrillos a desvelar al gran público los documentos internos que contienen estudios en torno a los efectos nocivos del consumo de tabaco. Algunos de esos informes habían saltado ya a los medios de comunicación por cortesía de la empresa Liggett & Myers (fabricante de LM y otras marcas conocidas). Esta compañía había interpretado hasta ahora el papel de "arrepentido" en el juicio público contra el tabaco.

Con los documentos encima de la mesa y con las prohibiciones publicitarias que se imponen a la industria, sería ilógico pensar que no habrá repercusión en el consumo a medio plazo. Básicamente, la industria sacrifica la posibilidad de conseguir nuevos clientes -nuevos fumadores- a cambio de la estabilidad judicial que proporciona el acuerdo y la estabilidad financiera que garantizan los clientes fijos enganchados al hábito del cigarrillo.

En un análisis a largo plazo, está claro que el sector tendrá que enfrentarse a una reconversión cuando la ausencia de nuevos fumadores reduzca su número de clientes. Las grandes industrias dejarán de ganar una enorme cantidad de dinero cada año y pasarán a ganar sólo mucho dinero; sin embargo los dueños y empleados de plantaciones de tabaco pasarán de trabajar a no trabajar.

Junto con el anuncio del acuerdo con las administraciones de los estados, las compañías de tabaco han propuesto a los cultivadores de tabaco una indemnización de 5.000 millones de dólares (750.000 millones de pesetas) a repartir entre los 10 próximos años. Con esa cantidad pretenden compensar a los dueños de las plantaciones por los efectos que provocará un inevitable descenso en la demanda de hojas de tabaco.

Las noticias sobre el pacto no han logrado evitar leves críticas al acuerdo por no ser tan duro con la industria como esperaban quienes luchan contra el tabaco. Incluso Everett Koop, que era hasta hace poco la máxima autoridad sanitaria del país, dijo ayer que el acuerdo era "débil" para con la industria.

Christine Gregoire, la fiscal general de Washington y portavoz de los representantes de los estados, respondió a Koop con el argumento de que más vale poco que nada: "A quienes dicen que el acuerdo no es suficiente, les digo que lo que no podemos permitirnos es no llegar a ningún tipo de acuerdo", dijo Gregoire.

Otra cuestión que quedará pendiente cuando mañana se firme el texto del acuerdo será el papel de la institución central a la que corresponde -en teoría- todo lo relacionado con el tabaco, la "Food and Drug Administration". El acuerdo evitó en todo momento que este organismo tuviera algún tipo de función supervisora o reguladora, porque eso habría exigido una tramitación parlamentaria que estaba abocada a un nuevo fracaso.

Fuera los carteles

Entre los logros conseguidos por las autoridades políticas, destaca la obligación de las empresas a retirar en un plazo relativamente corto (quizá antes del próximo verano) todos los grandes carteles publicitarios desplegados por el país. Queda prohibida la publicidad con dibujos animados o aquella que objetivamente presente un atractivo especial para los más jóvenes. También estará vetado regalar camisetas o gorros con el logotipo de una marca de cigarrillos.Sin embargo, el acuerdo no es tan severo en materia publicitaria como el proyecto de ley que fracasó en su tramitación hace unos meses. Aquel texto, como éste, prohibía la publicidad en transportes públicos, películas y videojuegos, pero también en acontecimientos deportivos, revistas y publicaciones, algo que el nuevo acuerdo permite a la industria sólo con ciertas restricciones.

También el grado de inmunidad conseguido por la industria es mayor que el que se ofrecía en el proyecto de ley. El tiempo ha demostrado que Big Tobacco se merece ese apodo no sólo por el volumen de su negocio sino por su capacidad para tumbar una ley empleando sus conexiones políticas en Washington.

Por eso el proyecto de ley fracasó y por eso el acuerdo que finalmente ha triunfado fue redactado por los abogados de la industria, no por los representantes de los estados.