Un alto cargo del Gobierno defiende la preferencia de acceso de la mujer a la función pública donde esté poco representada

El secretario general de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico del Gobierno, Javier Balza, se mostró ayer partidario de incorporar políticas de acción positiva para las mujeres en los procesos de contratación de nuevo personal para las administraciones públicas o en los concursos de traslado internos. Balza intervino en una jornada sobre la igualdad de oportunidades organizada por la Diputación de Álava, el primero de los tres territorios que tiene últimado su Plan de Acción Positiva. El alto cargo del Ejecutivo, quien analizó las últimas incorporaciones en la materia en la legislación comunitaria señaló que la ley adolece de insuficiencias para convertir en real la igualdad formal de hombres y mujeres que proclama. Propuso por ello emprender acciones de intervención positiva concreta en favor de las mujeres y analizó las diferentes implicaciones jurídicas. La acción positiva requiere, según señaló Balza, la comprobación efectiva de que existe una quiebra del principio de igualdad de trato en la práctica. La acción positiva la exige el resultado en la aplicación de la ley, cuya teórica neutralidad produce resultados distintos en la realidad para uno y otro sexo. El secretario general de Régimen Jurídico responsabilizó también a los estados, entendidos como los conjuntos institucionales que conforman el entramado de cada país, de tener en sus manos, dependiendo de su voluntad política, la aplicación de esas políticas, sobre las que las directivas comunitarias no incorporan un mandato. En ese contexto, calificó de "pobre y criticable" la escasa llamada que la normativa comunitaria realiza al sector público para estimularle a traspasar las barreras de la mera igualdad formal y convertirla en real. Balza valoró como importantes los avances incluidos en el Tratado de Amsterdam y recalcó las diferencias entre el norte y el sur de Europa. "En los países del norte hay pleitos. Eso mismo es un indicio de que las administraciones aplican políticas de acción positiva, y de ahí las reacciones y las resistencias", dijo. Balza insistió en que lo fundamental no es el amparo del derecho, sino "la voluntad política".