Prepotencia en un centro sanitario público

Con relación al artículo publicado en su periódico hace algunas semanas sobre el cumplimiento de los centros sanitarios con las normativas de la OMS respecto a mujeres embarazadas, le puedo informar como ciudadano comunitario que desde hace cinco años reside oficialmente en España, que no acabo de sorprenderme de cómo en este país las cosas siguen (mal) funcionando.Ayer fui todo ilusionado con mi mujer, embarazada de dos meses y pico, al ambulatorio del distrito de San Blas para que le hicieran una ecografía obstétrica, aunque a la vez preocupado por la amenaza de aborto diagnosticado en el hospital Ramón y Cajal.

Cuál fue mi sorpresa al informarnos el ginecólogo que estaba prohibido el acceso a los maridos de las emabarazadas puesto que su unidad se estaba "convirtiendo en un circo" por lo que la semana pasada había decidido tomar esa medida.

Cuando hicimos alusión a la amenaza de aborto y le pedimos la autorización escrita para denegarnos este derecho, nos dijo que no tenía ganas de discutir y que o bien pasaba mi mujer o que nos fuéramos.

Hicimos lo último.

Desgraciadamente, allí no se acabó mi sorpresa. Al ir a Atención al Paciente y rellenar la hoja de reclamaciones correspondiente, nos dijo la empleada que nos atendió que no nos esperáramos demasiado de la reclamación, que el doctor podía hacer lo que creía conveniente y que subiera mi mujer a ver si le quería atender. Creo que en vez de adoptar una actitud de prepotencia tal como hizo el doctor, él y todos los que trabajan en cualquier centro sanitario público deberían de darse cuenta de que toda persona tiene el derecho a un trato digno y que ellos trabajan allí gracias a la contribución que hacen los ciudadanos a la Seguridad Social. Si no se dan cuenta de ello, deberían de sopesar el abandono de su profesión.-