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Chávez promete imponer un nuevo orden político en Venezuela

Carlos Andrés Pérez, jefe de gobierno en Venezuela cuando hace seis años el teniente coronel Hugo Chávez se alzó en armas contra una democracia que denunció corrupta y empobrecedora, sostiene que la presidencia no se disputará el próximo 6 de diciembre entre el populista Chávez y el independiente de centroderecha Henrique Salas. La ganará, afirma el nuevo senador por Táchira, un comandante resentido que encarna la rabia y la venganza. Buena parte del país teme al radicalismo que promete traer el antiguo golpista Chávez.

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Chávez llamará a referéndum para convocar una Asamblea Constituyente capaz de disolver el actual Congreso y edificar desde las cenizas del viejo orden un nuevo poder judicial, legislativo y político, nuevas reglas de funcionamiento económico, y sindicatos populares de participación política y vigilancia, medidas todas cuya cuya sola invocación espanta al inversor, puede causar una masiva fuga de capitales, y solivianta a la jefatura militar que sofocó los cuartelazos de febrero y noviembre de 1992.El Polo Patriótico, alianza de siete fuerzas detrás de la candidatura de Chávez, obtuvo "más del 50% de los votos y seguramente esa tendencia se repetirá. Eso demostró su fuerza y poderío", advierte Pérez. Las elecciones legislativas y regionales del domingo castigaron el gastado bipartidismo nacional, e impusieron en el Congreso y las administraciones regionales a dos grupos antagónicos: el partido Acción Democrática (AD, socialdemócrata), gobierno u oposición durante 40 años, y el frente de inspiración castrense dispuesto a un golpe de Estado definitivo a través de las urnas.

Hugo Chávez fundó el Movimiento Quinta República (MVR), pero su estela arrastra a un heterogéneo movimiento de siete partidos independientes agrupados en el Polo Patriótico, constituido en primera fuerza venezolana, por delante del tradicional AD, que al conseguir el mayor número de votos demostró su arraigo, y también su capacidad política y los cuantiosos recursos económicos disponibles para mantener cautivo a un amplio sector social.

Chávez, a quien secundan oficiales apartados del servicio activo por su participación en los dos alzamientos, asusta a muchos. El generalato sospecha que el comandante de paracaidistas pretende reincorporar a filas a sus cómplices en las asonadas, y los empresarios y electores interesados en un cambio profundo, pero desde la moderación temen que su programa, de enunciado radical en sus planteamientos políticos, pero vago o equívoco en su flanco económico, conduzca a la incertidumbre, y de ahí a la fuga de capitales, al drástico control cambiario, a la mayor presión tributaria, a un estancamiento del proceso privatizador debido a la inhibición inversora, al repunte inflacionario y a la recesión. El ex teniente coronel, más moderado conforme subía en los sondeos, y por tanto más impredecible, proyecta limitar la apertura al capital extranjero en las nuevas prospección petrolíferas del Orinoco ya aprobada, y advierte que buscará una "moratoria negociada" al pago de la deuda externa. Su enfoque sobre los intercambios comerciales es proteccionista y su Estado se viene fuerte y autoritario.

Durante sus intervenciones de campaña, prometió disolver las dos cámaras del Congreso y la Corte Suprema, establecer un "poder constituyente y moral" y sustituir los actuales tribunales de justicia por Comités de Salud Pública populares. Acción Democrática, Copei, Salas y la mayoría de los cuarteles y sindicatos empresariales, excepto aquellos comprometidos con el proteccionismo, como la poderosa central ganadera Acción Agropecuaria, se echaron las manos a la cabeza. De haber triunfado los alzamientos del 1992, el comandante de paracaidistas de Maracay tenía previsto someter a proceso público en el Estadio Universitario de Caracas a los dirigentes políticos y económicos venezolanos tenidos como culpables del progresivo decaimiento nacional. El director del Banco Central de Venezuela, Felipe Maza, pese a todo, no cree que Chávez vaya a aplicar cambios revolucionarios en su eventual mandato, pero sí transformaciones percibidas negativamente por el gran capital. "Viviremos un proceso de inflación y déficits estructurales. Habrá un resurgimiento de las presiones sociales y, si el gobierno no demuestra capacidad de negociación, habrá una crisis inmanejable".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de noviembre de 1998

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