CC OO lleva ante Bruselas la privatización del Centro Informático

El sector de la Generalitat de CC OO ha decidido recurrir ante las autoridades de Bruselas la privatización de la gestión del Centro Informático de la Generalitat. El sindicato, que denunció la falta de medidas de control de los datos personales de los funcionarios, recurrirá ante el Grupo de Protección Personal en el Tratamiento de Datos Personales, al amparo de una reciente directiva comunitaria que regula la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales. Esta directiva obliga a las administraciones a crear autoridades de control de sus bases de datos. La directiva comunitaria es especialmente rigurosa en el tratamiento de bases por parte de empresas privadas -como la que se adjudicará el Centro Informático (Cigesa)- porque entiende que pueden producirse cesiones de estos datos. El sindicato criticó la no inclusión de mecanismos de control en el pliego de adjudicación de Cigesa y considera "antijurídico" que, entre las condiciones de privatización, se establezca que será la empresa adjudicataria la que garantizará los mecanismos de control. CC OO también ha decidido recurrir a la Agencia Estatal de Protección de Datos por la "indefensión" en que, aseguran, se encuentran los funcionarios del Gobierno catalán. La Generalitat entiende que la Ley Orgánica de Regulación y Tratamiento Automatizado de Datos (LORTAD) no le es de aplicación, puesto que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley, informan fuentes oficiales. El recurso ante Bruselas es un serio inconveniente para el proceso de adjudicación que llevará a manos privadas un contrato por cuatro años de gestión valorado en 20.000 millones de pesetas. Este proceso depende del consejero de Presidencia, Xavier Trias. La apertura de plicas de los aspirantes está prevista para el próximo 24 de noviembre y la adjudicación definitiva para unas tres semanas después. Un total de 360 de los 420 trabajadores de Cigesa -todos ellos contratados- han recurrido contra la privatización por la vía contencioso-administrativa.