La retirada de acusaciones impedirá que se esclarezca la privatización de Intelhorce

La vista oral del caso Intelhorce se limitará a enjuiciar la gestión de Giovanni Orefici entre 1989 y 1992, período en el que la fábrica sufrió una fuerte descapitalización. La sala deberá valorar si hubo una trama organizada para el saqueo de la fábrica, aprovechando que el Estado la entregó saneada, pero pasará por alto el aspecto más llamativo de la instrucción: si hubo o no negligencia de la Administración en la privatización. Ningún cargo público está ya en el banquillo por ese motivo, en un juicio que no ha respondido a las expectativas que había creado.

Poco a poco el caso parece irse desinflando. Antes de la vista, tanto CC OO como UGT, dos de las cinco partes que ejercen la acusación, habían retirado sus acusaciones contra los altos cargos del Estado por supuestas irregularidades en la privatización. Ambos sindicatos justificaron su decisión en que el nuevo Código Penal no ofrecía cabida a sus imputaciones. Ya iniciado el juicio, la acusación que ejercen el ex diputado del PP José Egea y una asociación de trabajadores de Intelhorce, afectados por la privatización, han decidido retirar la acusación contra Francisco Zambrana, que en el momento de la privatización ocupaba el cargo de Director General de Patrimonio del Estado. El abogado Antonio Urdiales ha justificado esta decisión en que "hay que quitar la paja para facilitar ir al fondo". Lo cierto es que Urdiales, que inició sus actuaciones demandando en el Tribunal Supremo a todo el consejo de ministros que aprobó la privatización, acaba de levantar la última acusación que quedaba contra la Administración por la supuesta venta fraudulenta. Sí permanecen en el banquillo dos ex directivos de Patrimonio, Luis Alcaide y Miguel Ángel Herrera, para quienes la fiscalía pide penas de inhabilitación por la autorización que dieron a Orefici a seguir disponiendo de los fondos públicos para ampliar el capital de Intelhorce, una vez que el empresario ya había incumplido las condiciones del contrato. Curiosamente, ambos, que siguen ocupando cargos relevantes en la administración, han acudido a juicio con una petición de los ministerios de los que dependen para que se les permita no estar presentes en la fase de cuestiones previas por necesidades de trabajo en sus departamentos. Mediación en la venta De si Orefici era o no el comprador idóneo para Intelhorce deberá rendir cuentas únicamente José Miguel Moreno García, presidente de Improasa, la empresa pública que se encargó de la gestión de la venta, y que presuntamente cobró una comisión de 40 millones para que sus informes fueran favorables a la oferta de Orefici. En el banquillo quedan ahora 32 de los 44 imputados iniciales de la causa, pero en los próximos meses la lista de acusados puede menguar aún más. Los pronósticos de un buen número de abogados señalan que al final se levantarán las acusaciones por delito fiscal. Al escaso atractivo que para el público ha tenido la vista en sus dos primeras semanas, al menos en comparación con la polémica fase de instrucción, contribuye también que el inicio está embrollado en cuestiones muy técnicas y de desarrollo, con minuciosas estrategias procesales de los abogados defensores. La exigencia de leer todas las acusaciones -unos 2.000 folios- hará que esta fase se prolongue al menos hasta final de año. Luego aún habrá que dilucidar cuestiones previas como la competencia de la Audiencia de Málaga para juzgar el caso. Si la tiene, es previsible que hasta al menos el mes de febrero no comience el juicio real y se tome testimonio a los imputados y a los más de 400 testigos citados. Otro de los aspectos más llamativos del caso Intelhorce, el supuesto cobro de comisiones del PSOE que fueron usadas en fortalecer la posición de este partido en la sociedad editora de El Correo de Andalucía, también ha acabado por desinflarse. La instrucción de esta parte, que continuaba en pieza separada, fue curiosamente archivada por el juez Juan Francisco Ramírez Barroso un día antes del comienzo de la vista, al admitir que no ha encontrado pruebas suficientes para establecer tal relación.