Negación de la evidencia
En el debate político las reglas no escritas son tan importantes o más que las reglas escritas. Y la primera es que no se puede negar la evidencia. En democracia se puede discutir prácticamente de todo, porque hay unos presupuestos que están por encima de toda discusión. Y el primero es que no se puede negar la realidad y decir que lo que todo el mundo ve que es blanco resulta que no lo es. Si se procede de esta manera el debate degenera inevitablemente en un intercambio de insultos. Algo de eso es lo que nos viene pasando en Andalucía en lo que a la financiación autonómica se refiere, como consecuencia de la negativa del Gobierno del PP de aceptar el censo de 1996 para la fijación de la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, reiterada esta misma semana en el Congreso de los Diputados, en el que se ha rechazado una enmienda a los presupuestos generales del Estado presentada por el PSOE e IU con la finalidad de que se reconociera el censo de 1996 para la financiación de las comunidades autónomas. Ciertamente la LOFCA no dice que la variable población, que tiene que ser tomada en consideración para la financiación autonómica, lo será de acuerdo con el último censo aprobado por el Gobierno de la Nación. Simplemente se limita a decir que la población es el primer criterio que tiene que ser tomado en consideración. Pero esta no referencia del legislador al último censo, no puede ser interpretada en el sentido de que el Gobierno de la Nación puede hacer uso del censo que le parezca oportuno. El censo no puede ser otro que el censo aprobado por el propio Gobierno en el periodo en que se tiene que aplicar el modelo de financión autonómica. La determinación del censo con base en el cual se va a financiar a una comunidad autónoma no puede quedar al arbitrio del Gobierno. Esa no ha podido ser nunca la voluntad del legislador. De lo contrario, llegaríamos al absurdo de que el Gobierno podría decidir que el censo es el de la España de Felipe II o el que sea. Tan arbitrario es optar por el de 1988 como por cualquier otro. El último censo es el único aceptable con un criterio de objetividad y razonabilidad. A la variable población se le podrá dar más o menos peso en la fórmula de la financiación autonómica. Esto sí es discutible. Lo que no puede serlo es que la variable población es la que "oficialmente" el propio Gobierno ha reconocido que es. Mientras no haya un reconocimiento del censo el debate político estará viciado y no será más que un intercambio de insultos. Si el Gobierno de la Nación niega lo evidente, es decir, que el censo es el que es, ¿cómo puede pretender que nos creamos que son ciertas las cifras que da acerca de lo que Andalucía deja de ingresar por no aceptar el nuevo modelo de financiación? Si el Gobierno niega lo evidente, ¿cómo puede pretender que nos creamos lo que en modo alguno lo es ?
