España llamó a consultas a su representante por el "caso Soria"

El Gobierno español llamó a consultas a Madrid a su entonces embajador en Chile, Pedro Bermejo, el 6 de diciembre de 1993, para expresar su malestar por una decisión de la Corte Suprema chilena adoptada cuatro días antes. El tribunal había votado contra la propuesta de España, presentada por el Gobierno chileno, de nombrar un juez especial para investigar el secuestro, tortura y asesinato en julio de 1976 y por la DINA, la policía secreta del régimen de Pinochet, del español Carmelo Soria, funcionario de las Naciones Unidas. Entonces, el caso pertenecía desde hacía un mes a la jurisdicción militar.Bermejo regresó a Madrid por tiempo indefinido. Acto seguido, un juez militar concedió en Chile la amnistía a los presuntos asesinos de Soria. Al día siguiente fue nombrado, tras la insistencia del Gobierno chileno, recogiendo la propuesta española, un juez especial. Días después, el 14 de diciembre de 1993, el embajador español regresó a Santiago.

Pero el resultado final fue desastroso: el 23 de agosto de 1996, el Tribunal Supremo chileno decidió aplicar la ley de amnistía dictada bajo el régimen de Pinochet en 1978, la Ley 2191, a los responsables del asesinato. Uno de los seis militares identificados como presuntos autores fue el coronel René Patricio Quilhot Palma, edecán de Pinochet.

Por otra parte, 50 ciudadanos residentes en Estados Unidos, entre los que figuran chilenos, estadounidenses y de otras nacionalidades latinoamericanas, presentaron el 21 de octubre una querella criminal contra el general Augusto Pinochet, según se supo ayer. En el texto, que ya obra en poder de la fiscal general de EEUU, Janet Reno, se solicita la extradición del ex dictador.

Los firmantes, representados por el abogado Carlos Moreno, confían en que la fiscal estadounidense resuelva el caso a principio de la próxima semana, según declaró a Europa Press el propio letrado.

Uno de los firmantes de la querella, Víctor Toro, chileno y testigo de cargo del juez Baltasar Garzón en el sumario contra la dictadura chilena, explicó que los motivos de la denuncia son dos: entre los muertos y desaparecidos bajo el régimen pinochetista figuran varios ciudadanos norteamericanos y que en el propio suelo estadounidense se produjeron acciones terroristas.