PSV, cinco años y 12.000 pisos después

Fue una gran operación urbanística, con 175 promociones en toda España y más de 22.000 viviendas proyectadas. Fue el proyecto más ambicioso que jamás armó un sindicato y el fiasco más grande del cooperativismo en España. Fue el caso de la Promoción Social de Viviendas (PSV), que dio lugar a una de las fianzas judiciales más altas jamás impuestas (65.000 millones de pesetas, posteriormente rebajados a 18.587 millones) y obligó al sindicato UGT, impulsor de la idea, a comprometer todo su patrimonio para respaldar públicamente el proyecto y tranquilizar a miles de cooperativistas.

Cinco años después, el caso de PSV (intervenida en febrero de 1994) y de su gestora IGS, que provocó una gran alarma social, con manifestaciones masivas de afectados en Madrid, acaba de entrar en su última fase judicial.La juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional, ha abierto juicio oral del caso. Hay siete encausados por apropiación indebida, estafas continuadas y falsedad en documento mercantil: Carlos Sotos, antiguo concejal del Ayuntamiento de Madrid reconvertido en gestor inmobiliario; Sebastián Reyna, responsable de finanzas del sindicato UGT en la época; su antecesor, Paulino Barrabés, nombre histórico del PSOE; Fermín Bretón, Francisco Hernández, Jesús Aína y Primitivo Álvaro.

Proceso judicial

En el proceso judicial, los siete acusados se juegan mucho. Ocho años y dos meses de cárcel, de acuerdo con la petición del fiscal por presunta "apropiación indebida". El sindicato UGT, por su parte, se juega, como responsable civil subsidiario, 18.587 millones de pesetas en indemnizaciones.Pero cinco años después de la intervención administrativa de la cooperativa, decidida en consejo de ministros el 11 de febrero de 1994, queda muy poco de la inquietud que reinaba en las calles de Madrid a finales de 1993 y hasta muy entrado 1994. De los 22.000 afectados que se calculó en su momento en toda España entre socios cooperativistas (17.000) y socios expectantes (4.228), 6.517 se adhirieron a las querellas contra los responsables de IGS, PSV y UGT. De ese total, alrededor de 3.600 han formalizado mandatos de acusación contra los querellados, según datos del sumario.

La razón de la situación relativamente pacífica que envuelve el que fue uno de los mayores escándalos de la etapa de gobierno socialista se explica por el hecho de que los afectados, en su mayor parte, disponen del bien que estuvieron a punto de perder y por el que se movilizaron: su piso. Según el informe de la administración provisional única de PSV, de septiembre de este año, se han finalizado -desde la cooperativa intervenida- un total de 11.893 viviendas. Si se tiene en cuenta además, que, según consta en el sumario del caso, de los 6.503 reclamantes, 2.858 han recibido su piso, 3.011 el dinero comprometido y que sólo quedan por resolver 16 casos, se entiende mejor por qué el escándalo ha entrado en una etapa de cierta calma.

"El asunto está felizmente superado", confirma Julián Martín, ex presidente de una de las coordinadoras de afectados que llegó a aglutinar a 2.000 personas. En su caso, como en el de miles de afectados, disponer de su vivienda le costó un 7% de derrama, "consecuencia del parón" que sufrieron las obras en el año 1994, tras la suspensión de pagos de IGS. Quienes se dieron de baja -alrededor de 7.000 personas- sólo lograron recuperar el 75% de su dinero tras una quita del 25%. Pero no lo hicieron en los cinco años que prevé la normativa de cooperativas, cosa que, según se afirma en el informe de la administración única de PSV, compensa la quita.

Un lustro después de que estallara el escándalo, para el ex responsable de finanzas de UGT Sebastián Reyna, acusado y miembro de la comisión liquidadora de la gestora IGS, una cosa está clara: más de dos años de investigaciones en torno al caso han servido para concluir que nadie metió la mano en la caja de PSV y "distrajo" dinero de las aportaciones de los cooperativistas en su propio beneficio. Como Carlos Sotos, Reyna acepta que pudo haber una gestión cuestionable del proyecto, pero en ningún caso enriquecimiento personal. En el tema PSV, "no hay cuentas en paraísos fiscales", se defienden gráficamente.

Desde el punto de vista de la defensa de los acusados, y al margen de la nebulosa contable que todavía rodea la operación, todo lo sucedido en PSV tiene explicación. Así, si el sindicato cobró 80.000 pesetas por piso gestionado en PSV (1.000 millones en total) fue porque el sindicato firmó un contrato con la gestora de PSV para prestar infraestructura y publicidad. "Un contrato legal", asegura Reyna, que se vio cuestionado por la polémica que rodeaba entonces la financiación de los partidos políticos, olvidando, asegura el exdirigente del sindicato, "que UGT no era un partido político y que podía establecer contratos legalmente".

Según el informe del fiscal, los intercambios comerciales entre UGT e IGS ascendieron a unos 4.000 millones de pesetas. Parte de ese dinero se habría destinado, presuntamente, a la adquisición, por parte de IGS, de empresas deficitarias del sindicato que entonces dirigía Nicolás Redondo (la aseguradora Unial, Viajes Libertur, Tipografía Torreblanca).

Irregulares o no, fuentes del sindicato destacan que esas operaciones están expiadas: UGT se vio obligada a obtener créditos por importe de unos 8.000 millones de pesetas para evitar la quiebra definitiva de IGS y a comprometer su patrimonio como aval.

Reventa de pisos

Entre los afectados están muy vivos todavía los días de angustia, de movilizaciones y de desencanto. "La pesadilla está pasada, la mayoría tenemos nuestros pisos, pero nada me quita la idea de que los cooperativistas fuimos utilizados en una pelea ajena", asegura Juan Carlos del Pozo, uno de los directivos de la promoción Madrid Sur. Del Pozo cree que en el fracaso del proyecto PSV pesó, y mucho, la guerra soterrada que mantenían el PSOE, entonces en el Gobierno, y el sindicato dirigido por Nicolás Redondo. A ello, afirma, hay que añadir "la tarta de negocio que suponía PSV" y que, en su opinión, se han acabado por repartir las constructoras privadas. El cooperativista Del Pozo pone el dedo en la llaga con una afirmación polémica: "Muchos de los que protestaron entonces están vendiendo los pisos de PSV por más de 20 millones".Esta afirmación tiene como base que en algunas promociones, los pisos de la cooperativa -viviendas de protección oficial- se han vendido o se están vendiendo a buen precio. En algunos casos, hasta un 30% o un 40% por encima del valor escriturado. Hay ejemplos que alguno de los acusados más representativos en el caso no dejan de esgrimir. En el juzgado existe un documento, fechado en septiembre de 1997, en el que están sistematizadas las ofertas de ventas de pisos PSV aparecidas en un medio especializado. Las ofertas corresponden a la promoción de Valdebernardo, la mayor de Madrid. Son 13 ofertas de venta. Precios, entre 18,5 y 22 millones de pesetas por piso. La legalidad de la operación, discutible. Los compradores de una vivienda de protección oficial, subvencionada, deben esperar para vender al menos 10 años.