El juez archiva por falta de pruebas los delitos más graves de la "mafia policial"

El juez de Instrucción número 7 de Sevilla, Fernando Martínez, ha archivado los seis delitos más graves de los que fueron acusados todos los policias del Grupo X de Seguridad Ciudadana de la ciudad, señalado por varios confidentes de formar una mafia policial que utilizaba el robo, la tortura y los trapicheos con drogas en sus actuaciones. Sólo cuatro policías de los 12 que llegaron a estar en la cárcel son acusados ahora: uno por tirar a un río un teléfono móvil que no era suyo y otros tres -incluido el jefe del grupo- por "un engaño urdido" para quedarse con una Honda CBR 1000 de un supuesto traficante.

El escándalo de la llamada mafia policial surgió en Sevilla en 1991 a raíz de las denuncias de supuestas torturas, robo y otros delitos puestas en pie por la confidente y traficante Rosario Acuña. Las investigaciones preliminares llevaron a la cárcel durante varios meses a 10 policías. El auto del juez, que asume las tesis del fiscal del caso, Emilio Llera, relata pormenorizadamente las investigaciones llevadas a cabo para aclarar este asunto, "que ha exigido una compleja instrucción, colmada de no pocas diligencias de difícil ejecución". Estas pesquisas han llevado a concluir al instructor que "un buen número" de los diversos hechos denunciados "carecen de la base mínima" para acabar en un juicio, "las más de las veces por no haberse procurado fuente de prueba alguna que permita objetivamente afirmar que han sucedido". Uno de estos hechos carentes de prueba fue la acusación formalizada por la confidente Rosario Acuña contra el inspector jefe del Grupo X, José Robles, de haberse quedado con "varios millones de pesetas" obtenidos en un registro ilegal en la vivienda de Josefa Ruiz. En esa casa, la policía entró legalmente días antes y halló "cuarenta paquetillos de heroína". Acuña dijo que "se había enterado" que ese dinero supuestamente procedía de la venta de una casa de la mencionada Josefa Ruiz. Sin embargo, la investigación ha demostrado que no hubo venta, sino que el piso fue aportado por Ruiz "a una sociedad de sus sobrinos de Málaga llamada Miramar SL. Por tanto", explica auto, "no parece que hubiera posibilidad de que guardara en su casa dinero procedente de la venta del piso". Lo archivado El juez tampoco da crédito a la denuncia de que el inspector Robles le dio una patada a una mujer embarazada durante un registro, ni de que luego los agentes del grupo se las ingeniaran para meter en el bolsillo del abogado de la mujer, Javier Ferrán Sainz, varias papelinas de droga. Igualmente archiva el caso de supuestas "amenazas y coacciones" a Evaristo Luque Biedma para que declarara a favor de la policía en un caso de torturas; los presuntos golpes y lesiones a Milagros Costa para que denunciara a la persona que le había vendido droga, y el presunto cobro de dietas ilegales por Robles, del que se decía que firmaba los atestados policiales mientras percibía dinero por viajes. El juez, en su fundamento jurídico segundo, considera que sí existen indicios de que en los primeros días de noviembre de 1992, el policía Ernesto Santiagosa Muñoz, "de manera intencionada, arrojó, con ánimo de hacerlo desaparecer", un teléfono móvil, valorado en 50.000 pesetas, que había cogido del despacho del jefe del grupo pero que era propiedad del confidente Rafael Arrabal Martínez. El delito más grave de los dos que se imputan, es el supuesto plan urdido por los agentes Luciano Cala Díaz, Domingo Delgado Pino y José Robles Pozo, quienes, en connivencia con el confidente Arrabal, detuvieron toxicómano José Santos García, reclamado judicialmente, para hacerse gratis con una Honda CBR 1000 de su propiedad. Delgado Pina y Robles, dice el auto, "obligaron a Santos a firmar en blanco la documentación necesaria para la transferencia de la motocicleta, aprovechándose de que se encontraba bajo el síndrome de abstinencia y con la promesa por parte de Arrabal de facilitarle uno o dos gramos de sustancia estupefaciente". Por estos delitos, le pueden caer a los acusados entre tres y seis años de presidio.