La Cámara de Cuentas conmina a Gil a enviar la documentación sobre la empresa Contratas 2000

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha conminado a la empresa municipal Contratas 2000, la que más dinero mueve de las 29 del Ayuntamiento de Marbella, para que entregue antes de 10 días la documentación contable que reiteradamente se ha negado a facilitar. Los responsables de Contratas 2000, a la que el Ayuntamiento ha transferido entre 1992 y 1995 más de 12.000 millones de pesetas, consideran que el acuerdo de fiscalización es nulo y se ha negado a colaborar con el auditor público, dependiente del Parlamento andaluz.

La Cámara de Cuentas ha dado "un plazo improrrogable" de 10 días a la empresa para que entregue la documentación. El consejero mayor del órgano fiscalizador, Rafael Navas, ha advertido tanto al alcalde marbellí, Jesús Gil, como a los responsables de Contratas 2000 que si no responden a la petición dará traslado a la negativa al fiscal "por si se hubiera incurrido en un delito de desobediencia por falta de colaboración", aseguró ayer. Contratas 2000 y el propio Ayuntamiento de Marbella fueron incluidos en el plan de actuaciones de la Cámara aprobado en febrero de este año. Se optó por la citada sociedad "porque es la que mayor volumen de negocio tiene, la que más transferencias del municipio recibe y porque es una empresa especial, con un objetivo muy amplio y muchas actividades", precisó el consejero mayor. La selección obedeció al hecho de que pretender una fiscalización desde el año 92 de las 29 empresas municipales marbellíes y del propio Ayuntamiento "hubiera hipotecado el trabajo de la cámara", especialmente porque las contabilidades municipal y de sus empresas "es confusa y está interrelacionada". El pasado 28 de octubre, después de tres solicitudes por escrito para que enviara las cuentas, Contratas 2000, de la que es gerente uno de los hombres de confianza de Gil, José Luis Giménez, contestó a la Cámara que el acuerdo de fiscalización adoptado era "nulo" y que la entidad carecía de competencias para auscultar sus cuentas. Por ello, se negaban a colaborar con el argumento, entre otros, de que sus cuentas ya habían sido auditadas por una consultora privada.. "La comunicación que enviaron utilizaba una terminología confusa, en la que decían que Contratas 2000 no es administración pública, claro, pero lo que sí es es una empresa pública y por lo tanto objeto de fiscalización", explicó ayer Rafael Navas. La sociedad municipal y el Ayuntamiento han anunciado que van a recurrir el acuerdo de la Cámara por la vía contencioso-administrativa. "Estos argumentos no se sostienen jurídicamente, porque nuestra petición de documentación se ha efectuado dentro de nuestras competencias", explica Navas. "Ante esa situación, había que actuar. Por eso hemos enviado una requisitoria conminatoria para que antes de 10 días remitan toda la documentación que se le ha requerido", agrega. La empresa Contratas 2000, ha recibido entre los años 1992 y 1995 un total de 12.421 millones de pesetas de transferencias del Ayuntamiento, la mayor de ellas (7.948 millones), en 1992. La sociedad, con un capital social declarado en 1995 de 1.650 millones de pesetas, se dedica a la gestión de contratos de servicios y con proveedores municipales, que se centralizan en esta firma para reducir gastos. Contratas 2000 es considerada por la Cámara de Cuentas "la más importante de las sociedades municipales marbellíes". Los datos de 1995 revelan que sus activos ascienden a 2.696, mientras que en el año 92, primero del que se tienen datos, ascendían a 6.698. El equipo de Jesús Gil considera que esta actuación de la Cámara de Cuentas es "un intento más de agresión" contra el alcalde. El abogado de Gil, José Luis Sierra, explicó ayer que la fiscalización que se pretende "no se ajusta a lo que establece la ley de este órgano, ya que no existe un programa previo en el que se recoja la intención de llevar a cabo dicha auditoría". Sierra, que no entiende cómo se le solicita una documentación "que ya tienen encima de la mesa", sugirió que incluso podría llevar a la Cámara ante el fiscal por irregularidades en la comunicación de la fiscalización de las cuentas.