La sentencia Badadi

La sentencia del Tribunal Supremo declarando la nacionalidad española de un saharaui llamado Badadi Mohamed Moulud da un nuevo lustre a miles de documentos de identidad, guardados celosamente por los habitantes de la Hamada argelina, refugiados de la invasión marroquí del Sáhara Occidental en 1975. Algunos de esos DNI, que he podido tener en mis manos y fotografiar, han sido tan cuidadosamente conservados que tienen mejor presencia que el mío propio, aunque ya hayan pasado sobre ellos 25 años de vergonzante silencio y tormentas de Siroco.A partir de este momento, las cosas pueden ir tan lejos como se quiera en muy distintas direcciones. Lo primero, desde mi modesto punto de vista, es que el Gobierno español ya no puede seguir mirando para otro lado en el conflicto del Sáhara. Jurídicamente, ya estamos hablando de la suerte de cientos de miles de ciudadanos españoles, no de personas de otra nacionalidad, y eso compromete muy seriamente las obligaciones del Gobierno de España a todos los niveles: ya no cabe seguir hablando de esa engañosa neutralidad que, hasta ahora, viene proclamando. El Estado español es el responsable máximo de lo que les pueda ocurrir a esos ciudadanos españoles.

El Gobierno debe saber de la situación de los saharauis españoles que están desaparecidos, encarcelados, oprimidos en el territorio ocupado o en cárceles del propio Marruecos. Nuestro cuerpo diplomático debe asumir todo el trabajo necesario para que estos españoles sean devueltos sanos y salvos a la libertad y para que puedan recuperar sus bienes arrebatados ilegítimamente. El Gobierno debe establecer relaciones preferenciales con los representantes de la República Árabe Saharaui Democrática para atender las necesidades básicas de los habitantes de los campamentos de refugiados, cuyas condiciones de vida, habitualmente penosas, pasan a menudo por graves crisis alimentarias o sanitarias al fallar el flujo de ayuda humanitaria de diversas procedencias.

La justicia española, con el precedente Pinochet, tiene argumentos más que sobrados para actuar en el mismo sentido contra los genocidas de ciudadanos españoles de pleno derecho en el año 1975, cuando Hassan perpetró la invasión del Sáhara Occidental y la masacre de sus pobladores.

Todos los organismos cívicos y políticos deberán movilizarse, ya que, con esta sentencia, pasamos de actuar en relación a un pueblo hermano (en cuanto a concepto ético) a cumplir con nuestro deber de defender los derechos de compatriotas tan españoles "de derecho" como nuestro vecino de escalera.

Las instituciones, desde el Gobierno de la nación hasta los poderes locales, deben respetar y apoyar las aspiraciones de los saharauis de independencia y soberanía en el territorio histórico de Saguia el Hamra y Río de Oro, actualmente bajo ilegítima ocupación marroquí. Lo que la sentencia no puede cambiar es que el destino de tanta lucha y sufrimiento de un pueblo no es la de convertirse en españoles en África, sino en ciudadanos libres de su propio Estado.-