La estrategia de Cardenal

Al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, no le ha faltado tiempo para descalificar, indirectamente, el fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por no tratarse de un pronunciamiento del Supremo. Cardenal no sólo defiende al fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño; su mensaje se dirige más allá de las fronteras españolas, habida cuenta de que el comité judicial de la Cámara de los Lores comenzará mañana a examinar el recurso de apelación contra la concesión al general-senador Augusto Pinochet de la inmunidad soberana.La descalificación consiste en sugerir una duda sobre el alcance del fallo de la Sala de lo Penal, aunque la sentencia es inapelable. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Que no está sujeta a recurso alguno.

Entonces, ¿por qué insinuar, como hace Cardenal, que es necesario el pronunciamiento del Supremo? El fiscal general intenta rebajar el valor de la decisión, y esto sin conocer el auto que va a ser redactado esta semana. Cardenal está enviando un mensaje a los abogados de Pinochet en Londres.

La argucia consiste en lo siguiente: en el momento en que el juez Garzón, si llega el caso, dicte el auto de apertura de juicio oral en el caso de genocidio de Chile, la ley prevé que al pasar los hechos para calificación de las partes en el sumario se puede plantear la llamada declinatoria de jurisdicción. A través de esta propuesta, las partes personadas, entre las que se encuentra el ministerio fiscal, pueden pedir la renuncia de un juez o un tribunal a la jurisdicción. Si esta petición es denegada, esto es, si se ratifica la competencia de la jurisdicción cuestionada, dicha resolución negativa puede ser apelada mediante un recurso de casación ante el Supremo, que tendrá, por tanto, la última palabra sobre la jurisdicción.

Pero para que ello pueda ser planteado se requiere el momento procesal oportuno, una vez que el juez - Baltasar Garzón en este caso- dicte el auto de apertura de juicio oral. Es, por tanto, otra etapa procesal. La precisión de Cardenal, en el sentido de que el Supremo no se ha pronunciado, busca arrojar dudas sobre el valor de una resolución ya adoptada, aprovechándose sin explicaciones de un derecho procesal futuro. Esto se puede llamar, con el debido respeto, vender gato por liebre.

En su intervención sobre el caso de Chile, el abogado Joan Garcés recordó el jueves que el procedimiento chileno se abrió con dictamen favorable de la fiscalía de la Audiencia Nacional. En efecto, es público que, a diferencia de lo ocurrido en Argentina, el fiscal Javier Balaguer recibió instrucción de su jefe, entonces José Aranda, de apoyar las investigaciones en Chile. Aranda obró así porque se lo pidió el entonces fiscal general, Carlos Granados.

Garcés recordó, también, que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en declaraciones a medios de comunicación -en especial, al periódico conservador chileno El Mercurio- descalificó la instrucción del magistrado de la causa chilena en España. Fungairiño interrumpió al letrado y pidió al presidente de la Sala de lo Penal, Siro García, autorización para replicar. El presidente se la concedió cuando hubo terminado el letrado. Fungairiño se limitó a decir que "jamás en la vida" había descalificado a un juez de la Audiencia Nacional.

Era previsible que la decisión de la Sala de lo Penal, al afirmar la legalidad de la jurisdicción española en los genocidios de Argentina y Chile, no llevase a la fiscalía de la Audiencia Nacional a colaborar con Garzón una vez perdida su batalla. Pero la declaración de Jesús Cardenal, al intentar degradar el fallo de la Sala de lo Penal, indica que los malos perdedores seguirán erigiendo todos los obstáculos posibles a la tarea del juez.