Agró reclama una reunión del Consejo Asesor para hablar de la urbanización de cultivos abandonados
Acció Ecologista Agró reclama una reunión urgente del Consejo Asesor de Medio Ambiente para hablar sobre el cambio legal que permitirá la urbanización de zonas de cultivos abandonados hace más de 10 años y de tierras que hayan sufrido algún incendio. Los ecologistas se quejan de que el consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, convoque al Consejo Asesor para tratar sobre "los temas que le convienen a él" y que no celebre ninguna reunión para hablar "sobre un asunto tan importante como éste". Agró alerta sobre los "serios perjuicios medioambientales", como el aumento de la erosión, que ocasionará esta modificación legal de la Ley Forestal aprobada en 1993.
"Castellá ha reunido al Consejo Asesor de Medio Ambiente para hablar del Plan Integral de Residuos, que no tiene financiación, y de la creación del Parque Natural de la Sierra de Espadán y el Catálogo de Zonas Húmedas que le interesaban publicitar", critica Victor Navarro, de Acció Ecologista Agró. "En cambio, para un tema de tanta trascendencia como este cambio legal no ha convocado ninguna reunión y lo ha llevado en secreto", protesta Navarro, molesto por tener que enterarse del tema a través de la prensa, "lo que demuestra el talante de Castellá". Si no se celebra esta reunión urgente, Agró amenaza con abandonar el Consejo Asesor. "No serviría de nada estar representados en este órgano si no tiene un funcionamiento democrático", critican. Navarro afirma que el consejero miente al decir que este cambio legal se lo han pedido los pequeños agricultores, que quieren volver a cultivar las tierras que abandonaron hace más de una década por su escasa rentabilidad. Especulación En su opinión, con este cambio en la normativa, Castellá sólo va a beneficiar a "un grupo reducido de empresarios que quieren especular con los cultivos abandonados y las tierras quemadas". Agró intuye que detrás de este cambio se esconde la "necesidad de blanquear dinero ante la llegada del euro" con inversiones en estas tierras. Tanto si se urbanizan como si se implantan nuevos cultivos, la Comunidad Valenciana sufrirá, según Agró, "una dura agresión ecológica". Los ecologistas dicen que la consejería no se ha planteado las consecuencias de su acción (erosión, riesgo de incendios, problemas en los acuíferos...) por su "incultura medioambiental". "El principal problema es la erosión", precisa Navarro, "ya que la masa vegetal que ha crecido en estos terrenos durante los años que llevan abandonados ha servido para retener el arrastre de tierra motivado por la lluvia y el viento". Si se crean nuevos cultivos, "los acuíferos de estas zonas forestales del interior quedarán contaminados por los nitratos", advierte. Al estar situadas estas tierras junto a las grandes masas boscosas, la creación de urbanizaciones o cultivos "aumenta el riesgo de incendios", en opinión de los conservacionistas. Agró recuerda que la Ley Forestal "ha sido imitada por otras comunidades" porque con su protección de zonas quemadas y cultivos abandonados ha permitido aumentar la superfície forestal de la Comunidad Valenciana y "ha logrado que no sea rentable provocar incendios". En cambio, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, argumenta que con este cambio legal se permite que los agricultores que abandonaron sus cultivos de secano hace más de una década porque no eran rentables puedan ahora transformarlos en naranjales gracias a la modernización de los sistemas de riego y la mecanización del campo. Aguado sostiene que estos nuevos regadíos ofrecen grandes posibilidades económicas a los municipios de Los Serranos, La Hoya de Buñol y el Camp de Túria que dispongan de agua suficiente.
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