Tiempo de moderaciónJOSEP RAMONEDA

Una vez más, se ha comprobado que cuando los mecanismos democráticos intervienen en la resolución de conflictos producen efectos moderadores. No voy a entrar ahora a analizar esta característica del sistema democrático que tiene sus pros y sus contras, porque si por una parte sirve para encontrar soluciones con amplio consenso, por otra deja el territorio de la negación y de la contestación, necesario para que una sociedad no caiga en la indiferencia, desocupado o en manos del radicalismo (el terrorismo europeo de posguerra tiene que ver con ello). Simplemente, constatar los hechos: una semana después de las elecciones vascas, la tensión en torno a la cuestión nacional que había acompañado al anuncio de tregua por parte de ETA ha desaparecido, y el Gobierno se apresta a afrontar la negociación con ETA con la cuestión de los presos como único tema. Los tres partidos nacionalistas periféricos y medio (el medio es Unió, que practica una adhesión vergonzante mandando una representación de segundo nivel) que, antes de la declaración de Estella, habían lanzado el debate sobre la Constitución y los derechos de soberanía en su Declaración de Barcelona (corregida y aumentada posteriormente en Vitoria) han bajado súbitamente el listón en Santiago de Compostela. La Constitución ya no requiere una revisión, sino una relectura. Y el órdago sobre las instituciones se reduce a una modificación del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional que les permita incorporar a gentes sensibles a sus argumentos, en una rotunda desmitificación del principio de independencia del poder judicial. Los nacionalistas son expertos en el zigzagueo táctico y en la combinación del ideologismo más encendido con el pragmatismo más descarnado. De modo que esta última rectificación de rumbo explica su lectura de las elecciones vascas. Han entendido que la radicalización sólo favorece a los radicales, a los que representan con mayor claridad los dos polos opuestos del conflicto, porque votarles es la mejor manera de evitar que una de las partes resuelva el problema unilateralmente. Han comprendido que con mayorías de escaso margen no se pueden proponer reformas que por su carácter estructural, definitorio del marco de acción política, requieren un amplio consenso social si no se quiere asustar a los sectores más moderados del electorado, que son sus votantes. Las elecciones vascas han dejado claro que ni siquiera el fin de la violencia era argumento suficiente para que la ciudadanía se desplazara masivamente hacia el programa nacionalista de máximos. Y han constatado que la política del Gobierno del Partido Popular de rechazo de las reivindicaciones de los nacionalistas periféricos no le da malos resultados tanto en lo político como en lo electoral. Cada episodio más o menos ruidoso con el Gobierno ha acabado con un repliegue de los nacionalistas que ha servido para asentar un poco más al Gobierno popular. De ahí que se oigan voces, desde el mismo nacionalismo, contra tanto cambio de dirección táctico, que a la larga sólo sirve para aumentar la sospecha de que los nacionalistas ni pueden ni quieren. De modo que han pasado las elecciones vascas y ya no se habla ni de autodeterminación ni de soberanía. El Gobierno puede imponer su ritmo al proceso de pacificación. Incluso Euskal Heritarrok, ocupada en el aprendizaje de la navegación dentro del sistema que ETA decidió y el electorado corroboró, está más pendiente de movilizar a los suyos para las nuevas tareas y de concentrar los esfuerzos en las próximas elecciones municipales que de grandes reivindicaciones y exigencias. Los estrategas de ETA y de EH saben que cuando se renuncia a las pistolas en democracia, si se quiere tener peso e influencia se necesitan votos y plataformas de poder, y éstas pueden encontrarlas en ayuntamientos y diputaciones. A por ellas van: es ahora su prioridad. Sólo cuando hayan acumulado fuerzas en este terreno estarán en condiciones de lanzar sus órdagos. Y los órdagos desde los puestos de responsabilidad son muy distintos que desde el mundo irreal de la clandestinidad y de la organización doctrinaria. Porque el problema de fondo es tan simple de enunciar como complejo de concretar. El grado de descentralización de España es hoy, probablemente, el más alto de Europa. Al País Vasco apenas le quedan competencias importantes que asumir. Ninguna de las transferencias pendientes da para titulares de prensa. Y en estas circunstancias la pretensión del PNV es dar aureola de derechos a lo que hasta ahora ha presentado como conquistas gracias a su habilidad en la negociación y el regateo. Cataluña tiene más campo que recorrer, en la medida en que la financiación vasca va por delante. En este empeño en conseguir la conversión del huevo en fuero, aparece la problemática cuestión del hecho diferencial. Los nacionalistas catalanes y vascos quieren que todo el mundo sepa que son distintos y que esta diferencia tenga carácter de ley, prendidos del obsceno principio nacionalista que dice: "no somos un país cualquiera". Pero uno es diferente en lo que realmente lo es (la lengua, el derecho propio y muy pocas cosas más); todo lo demás basta que otros lo quieran para que tengan el mismo derecho a tenerlo. Por eso, Miquel Roca ha insistido esta pasada semana en que a nadie se le puede negar lo que uno ha conseguido; dicho de otro modo, que inevitablemente Cataluña al convertirse en líder del proceso de ampliación de los techos estatutarios arrastraba a los demás tras de sí. Lo escribí semanas atrás: puede que se haya acabado el café para todos, pero todos tienen derecho a café. En estas circunstancias, con el Gobierno del PP reforzado en su intransigencia de fondo por los resultados electorales y con los nacionalistas periféricos sin otra alternativa que maniobrar entre el ruido reivindicativo cíclico y el apoyo continuado al PP, se pueden apuntar dos cosas: primera, que el Tribunal Constitucional puede ser el terreno de negociación al que quede finalmente circunscrita toda la palabrería reivindicativa de los últimos meses. Y, segunda, que la distensión poselectoral va en la dirección de una hipótesis de futuro: si la tregua se consolida, si el abertzalismo radical entra definitivamente en la senda constitucional, el final de este episodio puede ser una consolidación del frente de centro derecha gobernante. La alianza PP, PNV, CiU puede convertirse en estable y asegurar durante muchos años una mayoría de gobierno que dificulte enormemente el retorno del PSOE al poder.