La papelera Inpacsa de Balaguer sigue contaminando los acuíferos Los ecologistas denuncian un vertido de 100 toneladas de residuos

La papelera Inpacsa de Balaguer (Noguera) sigue contaminando los acuíferos de las fincas colindantes cinco años después de haber cesado su actividad industrial y de haber cerrado las instalaciones como consecuencia de la crisis financiera del grupo KIO. La entidad ecologista Ipcena ha denunciado al actual propietario de la industria, el grupo irlandés Smurfit, ante la Junta de Residuos y la Junta de Saneamiento de la Generalitat.

De acuerdo con la denuncia ecologista, se ha descubierto en el interior de la papelera un vertido incontrolado de 100 toneladas de residuos industriales especiales, que supuestamente fueron depositados en los meses anteriores al cierre de la empresa. Dichos vertidos fueron cubiertos con tierra y con el tiempo han formado, al entrar en contacto con el agua de la lluvia, una cantidad de lixiviados que se ha filtrado en el suelo y ha contaminado pozos y acuífereros de las fincas próximas. La zona afectada ocupa una franja de unas 20 hectáreas comprendida entre la línea del ferrocarril Lleida-La Pobla de Segur y el canal de Fecsa. Varios vecinos denunciaron en 1996 que sus pozos estaban contaminados por culpa de los residuos de sosa cáustica filtrados desde Inpacsa, pero no existe constancia de que el Ayuntamiento y Medio Ambiente abrieran un expediente contra los responsables. Actitud intencionada La organización ecologista asegura que los residuos fueron depositados intencionadamente y con malicia en un lugar que no reunía condiciones porque no los terrenos no estaban impermeabilizados. Además, las características geológicas del suelo, formado básicamente por recubrimientos aluviales cuaternarios, favorecen las filtraciones. El lugar donde Inpacsa fue enterrando los residuos antes del cierre se halla junto a la chimenea principal y ocupa una superficie de tres hectáreas, donde se calcula que se depositaron unas 100 toneladas de residuos mezclados con tierras de recubrimiento, supuestamente para que tal irregularidad pasara desapercibida. Las últimas lluvias han favorecido la disolución de los residuos, dando origen a los característicos lixiviados de color negro. Una parte de esos líquidos ha formado charcas en la superficie, pero la parte más importante se ha filtrado en la tierra y ha contaminado las aguas subterráneas. En los análisis realizados hace 4 años por la Junta de Residuos en un antiguo vertedero de Inpacsa, tras una denuncia de Ipcena, se detectaron un total de 34 substancias nocivas para la salud, como arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, vanidio y zinc. Por todo ello, Ipcena exige a Medio Ambiente la apertura de un expediente disciplinario y sancionador contra los actuales propietarios de la empresa por una presunta vulneración de la normativa que regula el tratamiento y gestión de los residuos. La entidad denunciante considera que, dada la tipología de éstos -industriales especiales-, la infracción debe ser tipificada como muy grave, ya que el vertido ha podido afectar a la salud de las personas que han consumido agua de los acuíferos contaminados. Ipcena considera como agravante que la empresa sea reincidente e insta a Medio Ambiente a que lleve el caso a la vía penal si durante la incoación del expediente apreciara la existencia de un delito o falta punible. Ipcena ha valorado en 1.000 millones de pesetas el coste de los trabajos necesarios para eliminar los efectos del vertido. Los técnicos de Medio Ambiente realizarán en los próximos días prospecciones y catas en la zona afectada para conocer la importancia del vertido. Por su parte, el Ayuntamiento de Balaguer, gobernado por el PSC, podría sancionar a los responsables de la empresa y obligarles a retirar los residuos descubiertos. En la actualidad las instalaciones de Inpacsa están parcialmente desmanteladas y ofrecen un aspecto de abandono, por lo que los ecologistas piden al consistorio que declare su estado de ruina. Inpacsa, que hasta su cierre en 1.993 fue una de las empresas más emblemáticas de Lleida, se caracterizó siempre por ser una industria altamente contaminante, tanto del aire como de las aguas. Por ese motivo, sus directivos fueron expedientados y sancionados en muchas ocasiones por la Administración, pero al final casi siempre lograba eludir el pago de las multas con recursos e influencias. La industria, creada en 1965 bajo los auspicios de la familia del que fuera alcalde franquista de Barcelona, José María de Porcioles, generó mucha riqueza en la ciudad durante el tiempo que estuvo en funcionamiento. Su cierre, nueve años después del desembarco en su capital de KIO, supuso la destrucción de 300 puestos de trabajo directos y unos 450 indirectos. Sin embargo, los vecinos tuvieron que pagar como tributo un alto nivel de humos contaminantes y de malos olores permanentes. Asimismo, al no disponer de depuradora, las aguas del río Segre resultaban periódicamente contaminadas por vertidos incontrolados de la industria. De Porcioles a KIO La Inpacsa de los Porcioles fue adquirida por el grupo Torras-KIO en los años en los que el financiero Javier de la Rosa representaba los intereses del grupo kuwaití. Pero con el cierre de Inpacsa no se acabaron los problemas medioambientales en Balaguer. La papelera canadiense Dynamis compró una parte de sus instalaciones y ahora pretende, con la oposición de ecologistas y de varias entidades sociales y culturales, reabrir la planta de destintado para fabricar papel higiénico. Los ecologistas reclaman que la industria se traslade al polígono industrial alegando que hipotecará el futuro de Balaguer.