El PSOE acusa al PP de querer utilizar al Constitucional para frenar a los nacionalistas

El Gobierno pretende neutralizar en el Tribunal Constitucional la deriva nacionalista que se ve obligado a realizar en la vida política en virtud de sus pactos con PNV y CiU. Ésta fue una de las primeras consideraciones que el PP hizo al PSOE al comienzo de las conversaciones, hace ocho meses, para la renovación del Alto Tribunal, según han revelado socialistas conocedores de esta frustrada negociación. El Gobierno pretende abrir una nueva etapa que empiece con una entrevista entre el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, y el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pero éste no acudiría porque considera que su interlocutor debe ser, como hasta ahora, José María Aznar.

En el diseño de los perfiles de los candidatos para cubrir las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, el PP consideró prioritario, según sus interlocutores socialistas, que se tratara de juristas incuestionados y no contaminados por la política, pero sobre todo que no fueran "decididos autonomistas". Con este criterio, según interpretan los socialistas, el PP pretendía "corregir la deriva nacionalista" con la que el Gobierno del PP tiene que lidiar cotidianamente, de modo que "lo que el Gobierno cede al PNV y a CiU, lo neutralice luego el Tribunal Constitucional".Los negociadores socialistas comprobaron que el criterio antiautonomista era esencial para la renovación cuando, a pesar de haber vetado a quienes hubieran sido ministros, el PP propuso a uno que lo fue con UCD y que se caracterizó por su centralismo: el catedrático de Derecho Administrativo Sebastián Martín Retortillo, promotor de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), 14 de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales.

Los negociadores socialistas consideran excesiva la prevención del PP frente a los candidatos "decididos autonomistas". Desde una posición más moderada, el portavoz socialista en el Senado, Juan José Laborda, sobre el que recaerá la responsabilidad de la negociación en las próximas semanas, manifestó a este periódico: "Nos interesan personas con conocimiento e incluso con doctrina y escritos sobre el Estado de las autonomías, porque es fundamental, a la vista de que el tema autonómico está y estará presente". Añadió que es preciso reclutar para el Constitucional "gente que tenga en sus manos el Estado y que no contribuya a su desarme".

El diálogo Almunia-Cascos

El presidente del Senado, Juan Ignacio Barrero (PP), anunció anteayer que la negociación sobre el relevo de los cuatro magistrados del Constitucional, que reanudarán la semana próxima los portavoces senatoriales Juan José Laborda, por el PSOE, y Pío García-Escudero, por el PP, sería precedida por el diálogo entre Francisco Álvarez Cascos y Joaquín Almunia.Pero esto último parece improbable, según indicaron ayer a este periódico portavoces del PSOE, que recuerdan que el interlocutor del secretario general socialista es el presidente del Gobierno. No habrá tal entrevista si es para hablar de la renovación del alto tribunal. El secretario de Medios del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcalba, ironizó: "Barrero, que es un hombre inteligente, se ha dado cuenta de que el problema era Aznar y le ha encomendado el diálogo a Álvarez Cascos". El presidente del Senado fue el encargado de anunciar el procedimiento gubernamental.

En cuanto al problema de fondo que ha dado al traste con la renovación parcial del Constitucional cuando la negociación estaba a punto de culminar, se debió, según las fuentes socialistas, a la falta de acuerdo sobre el candidato de consenso. Los dos propuestos por el PP -el catedrático Fernando Garrido Falla y el magistrado Vicente Conde Martín de Hijas- y la propuesta por el PSOE -la catedrática María Emilia Casas- estaban ya pactados, pero la negociación se rompió cuando, tras fracasar numerosos candidatos de consenso, el PP propuso al letrado de las Cortes Manuel Fraile Crivillés.

El PSOE siempre defendió que para sustituir a los cuatro magistrados salientes (tres propuestos en su día por el PSOE y uno por el PP), el partido del Gobierno debía proponer dos y el PSOE otros dos. Frente al argumento de la actual mayoría parlamentaria del PP, los socialistas esgrimieron que, mientras en 1989, año en que se produjo el nombramiento de los cuatro magistrados a relevar, la mayoría absoluta del PSOE superaba en dos millones de votos a la del PP, actualmente sólo les separan 300.000 votos.

Sin embargo, los dirigentes socialistas, en aras del consenso, según su propia versión, aceptaron en la práctica que el PP propusiera dos candidatos y ellos uno, siempre que el llamado candidato de consenso lo fuera de verdad.

Frente a las acusaciones de que los recursos contra la sentencia del caso Marey u otras cuestiones pendientes en el Alto Tribunal hayan dificultado el acuerdo, los dirigentes socialistas rechazan con fuerza esa percepción y hacen hincapié en el interés del Gobierno de imponer su mayoría política.