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La Diputación de Tarragona reclama a ACESA el pago del IBI

El pleno de la Diputación de Tarragona aprobó ayer por unanimidad una moción socialista en la que se reclama a las concesionarias de autopistas el pago de la totalidad del impuesto de bienes inmuebles (IBI). La cantidad podría suponer para los ayuntamientos de la provincia de Tarragona unos ingresos adicionales de 230 millones de pesetas y de 939 millones para los municipios de toda Cataluña. Las empresas de autopistas que han obtenido la concesión por parte del Gobierno central y las de la Generalitat, con anterioridad al año 1990, tan sólo abonan a los ayuntamientos un 5% del IBI. Aunque la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 1988 suprime este tipo de bonificación, el Ministerio de Economía y Hacienda sigue incluyéndola en los presupuestos generales de todos los años. El pasado año, los 141 municipios catalanes que perciben el IBI ingresaron por este concepto un total de 49,2 millones de pesetas. Esta cantidad podría ascender a 989 millones si las concesionarias abonaran el 100% del impuesto. La moción aprobada ayer, que será presentada en las cuatro diputaciones catalanas, reclama el cumplimiento de la Ley de Haciendas Locales y que las empresas de autopistas paguen la totalidad del IBI o, en su caso, el Ministerio de Economía. La moción recibió los votos a favor de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes y Partido Popular. En la provincia de Tarragona la medida tan sólo afectaría a ACESA y a AUMAR, que explotan las autopistas A-7 y A-2, pues obtuvieron la concesión por parte del Gobierno central. Por su parte, la A-16 ya abona todo el impuesto ya que la concesión la otorgó la Generalitat después de 1990. Tribunal de Cuentas Por otra parte, el Grupo Socialista ha pedido al Tribunal de Cuentas que dictamine sobre la legalidad de los acuerdos entre el Gobierno catalán y ACESA, por una parte, y el Gobierno central y la concesionaria, por otro, que han propiciado la rebaja de los peajes a cambio de una ampliación de la concesión. Los socialistas entienden que no se trata de una mera prolongación sino que, en realidad, se ha producido una nueva concesión y, en tanto que tal, no se han cumplido las normas legales. La petición de los socialistas es previa, afirmó la diputada Mercedes Aroz, a la petición de que se reconsidere todas las tarifas de las autopistas y los beneficios de las explotaciones. En opinión de los socialistas, el pacto altera radicalmente el equilibrio económico-financiero de la empresa. El grupo socialista ha remitido un minucioso informe sobre los pactos a la mesa de la comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas con la petición de que pida un informe de fiscalización especial sobre los acuerdos entre ACESA y las administraciones firmantes de los pactos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de octubre de 1998