Los fondos para los "niños de la calle" crecerán el 11% en 1999

El Parlament aprobó ayer por la tarde con el voto unánime de todos los grupos una serie de medidas para afrontar el problema de los niños de la calle, los menores de origen magrebí abandonados que malviven en zonas marginales de Barcelona y Santa Coloma de Gramenet. Entre las medidas aprobadas se cuenta el incremento en un 11% de las dotaciones presupuestarias destinadas hasta ahora por el Departamento de Justicia del Gobierno catalán a este tipo de problemas. El acuerdo de todos los grupos se produjo como consecuencia del debate celebrado en el anterior pleno de la Cámara, el 14 de octubre, en el que la consejera de Justicia, Núria de Gispert, tuvo que hacer frente a las acusaciones de dejación de responsabilidades formuladas por todos los grupos, excepto el de Convergència i Unió (CiU). De Gispert expresó su satisfacción por el acuerdo logrado, que facilitará la colaboración de todas las administraciones. La diputada socialista Manuela de Madre, que es también alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, afirmó que el acuerdo es un reconocimiento "de que hasta ahora no se había actuado de forma eficaz y contundente", informa Europa Press. Coordinación El acuerdo tomado insta a la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAI) a coordinar su actuación en este asunto con las demás instituciones, en particular con los servicios municipales y la fiscalía. Uno de los puntos de la moción pide que se incrementen los medios personales y materiales de las unidades básicas de servicios sociales para que puedan buscar "alternativas válidas a estos menores en el entorno en que se mueven". De forma, añade, que el internamiento obligatorio en un centro de menores "sea un recurso excepcional". También manifiesta "la conveniencia" de que la legislación sobre extranjería aborde de manera "más adecuada y específica" el creciente fenómeno de la inmigración de menores. El acuerdo recoge propuestas de todos los grupos y se refiere tanto a las funciones del Departamento de Justicia como a otros. Respecto a la policía autonómica, insta a que investigue la existencia de redes de explotación de estos menores; a llevar a cabo su identificación y determinación de la edad que tienen mediante las pruebas médicas necesarias para ello; y a trasladar a estos menores a los centros de la DGAI en los casos que se estime conveniente para ejercer la función educativa y protectora. El Parlament solicita también que se tramiten los permisos de residencia de los menores en el momento en que se haga efectiva la tutela sobre ellos, para poner fin a su situación irregular. El último punto de la moción llama al Gobierno a contratar educadores de la misma cultura que los menores y a colaborar con las ONG que trabajan en este campo.