La extradición

Ya se sabe, en estos días, de qué se está hablando si se habla de extradición: la solicitada de Pinochet a España, para ser juzgado aquí. Ya han corrido "ríos de tinta" y voces sin cuento desde que saltó la noticia de que un juez español había ordenado la detención del general Pinochet en Londres, donde se encuentra circunstancialmente. Ante tal barahúnda y vocerío, algunas ideas me han venido a la mente.Hay gentes, muchas, que no pueden ver un asunto como éste más que en términos de posición política de partido, por mucho que lo quieran disimular, aunque en general ni lo intentan. Pero si se le da a Pinochet a efectos de su extradición el tratamiento de adversario político se trivializa enormemente el asunto. Se trata de un probable criminal (y digo lo de probable porque aún no hay sentencia firme), al que se le imputan horrendos crímenes, despiadados y me atrevería a decir que gratuitos en su ensañamiento; en todo caso, crímenes contemplados en la ley española como susceptibles de ser juzgados en nuestro país en determinadas circunstancias. La naturaleza de los crímenes no está determinada por la adscripción política del criminal, ni siquiera por su importancia política como persona en el pasado. Personalmente, me incomoda el sesgo partidario para jalear esta extradición y consiguiente enjuiciamiento; la cosa es más trascendente que una cuestión de bandería política.

Son muchos los sujetos de distinto signo político a los que eventualmente se podría aplicar en España esta ley española. Son muchos los genocidas, torturadores y terroristas (que son los principales supuestos de aplicación) que andan por el mundo con la cabeza en general bastante alta. A todos, en su caso, si se dan las circunstancias previstas en la ley, habría que medirlos por el mismo rasero. Es probable, sin embargo, que los jaleadores de hoy fueran en el futuro sujetos silenciosos, cuando no defensores "razonables" de presuntos criminales.

Produce algún rechazo contemplar cómo, en algún caso, se pide sin duda alguna la aplicación de la ley para un sujeto, mientras que, a la vez, se saca pecho para fotografiarse con algún otro sujeto que muy bien pudiera encontrarse, algún día, en situación parecida a la que hoy afecta al general Pinochet.

Y también produce rechazo la presión sobre los tribunales, dando por sentado que ésta sólo puede producirse en el sentido que reclama la gente (mucha gente, ésa es la verdad), si se ha de considerar justa. Pero es que los órganos judiciales han de decidir sobre la aplicación de una norma compleja, y no parece aceptable que tengan que hacerlo bajo una fortísima presión de griterío politizado, que vicia lo que toca, degradándolo.

La norma de nuestra derecho que permite juzgar en España esta clase de crímenes repugnantes refleja un gran avance en la humanidad que, innovando el derecho internacional y en el de cada país, puede permitir, en el futuro, reprimir cierta clase de fechorías especialmente repugnantes. Pero los tribunales no lo tienen tan fácil. Llevar a la mente la idea de que sólo será justa su decisión si es conforme con los deseos del que grita es hacerle un mal favor al tribunal y, lo que es peor, a la causa de la represión de ciertos crímenes contra la humanidad que son especialmente repelentes. Es del mayor interés, creo yo, que la norma de que hablamos no se desacredite mediante una aplicación poco razonable y poco razonada.

Pinochet, por su proximidad histórica y humana, nos produce tal rechazo que nos debe forzar a ser especialmente cuidadosos y circunspectos. Hay que pensar, por extraño que parezca, que a él también le afecta la previsión constitucional de la presunción de inocencia, pongo por caso. Qué le vamos a hacer, somos siervos de nuestro sistema jurídico, de nuestro Estado de derecho.

Y no quiero meterme, al menos aquí y ahora, en consideraciones de oportunidad política, sobre lo que mucho se podría decir en uno u otro sentido; pero cuando un asunto llega a los tribunales la oportunidad política se queda en un segundo plano o desaparece. Me resisto a hacer este tipo de consideraciones mientras los tribunales no resuelvan; esta ley española, posiblemente aplicable a Pinochet, también podría ser aplicada a otros muchos supuestos, muchísimos, de distinto signo y apreciación política. Pero los entusiastas que no lo sean exclusivamente de la aplicación de la ley a quien corresponda, venga de donde viniere, harán mejor en moderar su vocerío; cuando el derecho da un paso como éste, puede suceder hasta lo más aparentemente impensable; porque ante normas como la presente, sobre situaciones tan conexas con posiciones y prejuicios políticos, ideológicos y de partido, no se puede hacer una aplicación "selectiva".