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Pujol mantiene su preferencia para adelantar las elecciones autonómicas a marzo de 1999

Enric Company

Pese a las presiones de su partido y de sus aliados para que cambie de opinión, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, mantiene su preferencia por adelantar las elecciones autonómicas a marzo del año próximo, pero no ha tomado aún ninguna decisión. Lo aclaró ayer en el Parlament, a preguntas del presidente de Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV), Rafael Ribó. La incógnita sobre el calendario electoral comienza a pesar sobre la política catalana a medida que se acerca la fecha en que Pujol tiene que tomar una decisión.

"No lo tengo decidido. He dicho muchas veces que podría ser que fueran en marzo, y que yo personalmente lo preferiría, pero no soy el único que interviene en esta decisión". Esta fue la primera parte de la respuesta a Ribó. Luego Pujol agregó: "Nunca he querido sorprender a nadie, y que se pudiera decir que se convocan [las elecciones] de forma inesperada. Serán cuando sean. En marzo o en noviembre. Mi preferencia es la que ha sido y sigue siéndolo, pero no soy el único en decidir". Pujol no es el único en decidir sobre el calendario electoral porque cabe la posibilidad de que el presidente del Gobierno, José María Aznar, decida adelantar las elecciones legislativas a una fecha que afecte a las previsiones de Pujol. Para tomar su decisión, Pujol espera, entre otras cosas, a conocer las intenciones de Aznar, con quien hoy coincidirá en Barcelona en un acto organizado por el Colegio de Economistas. Las especulaciones sobre el calendario electoral se han acelerado desde la celebración de las elecciones vascas, el domingo pasado. Todos los partidos han hecho ya sus cuentas y piensan que se acerca la hora de tomar una decisión si Pujol opta por convocar las elecciones el 7 de marzo, la fecha indicada como probable en caso de adelanto. La ley dice que las elecciones se celebrarán 55 días después de la disolución del Parlament. Eso obligaría al presidente catalán a disolver la Cámara el 10 u 11 de enero, en plenas vacaciones parlamentarias. Significa que el Parlament cerraría la legislatura con la sesión plenaria que a partir del 15 de diciembre debatirá los Presupuestos de la Generalitat para 1999. Los grupos parlamentarios interpretan las reiteradas alusiones de Pujol acerca de que no quiere pillar por sorpresa a nadie como una garantía de que dará a conocer su decisión antes de Navidad. Aunque eso es sólo una hipótesis basada, como dice el portavoz socialista, Higini Clotas, "en meros criterios de cortesía parlamentaria", que en realidad no obligan a nadie. La intervención de Ribó no pretendía tanto despejar la incógnita de la fecha electoral como afear a Pujol que haya introducido la incertidumbre por meros criterios de interés partidistas. Eso fue lo que le criticó. "No es admisible decir que las elecciones serán cuando le convenga al presidente", sostuvo Ribó. La oposición mantiene que lo único que justificaría un adelanto electoral sería una situación de ingobernabilidad. Pero el apoyo de los diputados del Partido Popular (PP) no ofrece fisuras que permitan suponer que el Gobierno de Pujol vaya a quedar en minoría en el Parlament. El presidente, en cambio, busca una fecha suficientemente alejada de otras elecciones para que la campaña de las autonómicas no se contamine con contenidos políticos de otros comicios. La oposición, entre tanto, aprieta todo lo que puede las clavijas al Gobierno. Ayer, el Grupo Popular le salvó una vez más de una derrota parlamentaria absteniéndose en la votación del informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio presupuestario de 1995. El informe pone de relieve una serie de prácticas que todos los grupos consideran perniciosas: el constante aumento del endeudamiento de la Generalitat; la elevación del déficit presupuestario, que aquel año dobló las previsiones; el aplazamiento de pagos al ejercicio siguiente, entre otras. Los consejeros de Presidencia, Xavier Trias, y Economía, Artur Mas, tuvieron que responder preguntas sobre comportamientos del Gobierno que todos los partidos estiman rechazables. Mas tuvo que justificar la utilización de un helicóptero cuyo servicio costó 752.000 pesetas cuando sufrió un accidente leve en una excursión por el Pirineo, en agosto. Lo hizo alegando que el 93% de los rescates de montaña o marítimos se hacen con helicóptero. La diputada Carme Figueras, del PSC, negó que una luxación leve en el codo justificara un traslado de este tipo y sostuvo que, en caso de tratarse de una herida grave, lo más indicado era el traslado a un hospital cercano. En este caso el de Puigcerdà, en vez del de Vall d"Hebron, que está en Barcelona. Trias, por su parte, defendió la asistencia de Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, a los numerosos actos a que es invitada, pese a que no ejerce cargo político alguno. "Lo hace porque la invitan y es una persona educada", sostuvo al consejero. Pero la diputada Montserrat Duch, socialista, criticó que la señora Ferrusola actúe como si fuera una autoridad u ostentara la representación oficial del presidente de la Generalitat, su esposo.

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