Expulsados al paraíso

A Abatomi Kuti le abrieron la celda, pero corrieron el cerrojo sobre su futuro. Por fin estaba libre y en la península. Sin embargo, aquello no se parecía ni de lejos a lo que tanto había soñado. La noche empezaba a caer sobre Valencia y este arquitecto camerunés de 52 años, tras un penoso viaje en furgón policial desde Algeciras y dos semanas de internamiento en el centro de extranjeros de la calle de Zapadores, se encontraba perdido en una ciudad extraña. Sin papeles, sin un lugar donde dormir, sin nada que comer y amenazado por una orden de expulsión. Las mismas penalidades que han sufrido los 45 inmigrantes africanos restantes trasladados por la Policía en cuatro oleadas desde Ceuta. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana y la Brigada Provincial de Extranjería reconocen que estas remesas forman parte de un plan del Ministerio de Interior para descongestionar la explanada de Calamocarro, en Ceuta, donde se arraciman unos 700 extranjeros. Desde mediados de septiembre han venido enviando, cada 15 días, una docena de inmigrantes a Valencia. En cambio, en la delegación gubernativa de Ceuta niegan la existencia de este plan y alegan que se limitan "como siempre" a enviar a los centros de internamiento de la península a los inmigrantes ilegales, con autorización judicial. Explican que durante el tiempo que pasan internados, menos de los 40 días que marca la ley, la policía intenta averigüar su procedencia para devolverlos a sus países de origen. Cuando no los identifican -en la mayoría de los casos- los dejan en libertad, pero con una orden de expulsión y sin permiso de residencia ni de trabajo. "Los traen a ciudades grandes para que pasen desapercibidos entre el resto de inmigrantes y no se alarme la población", razona desde CC OO Boughalev Mimi. "Al dejarlos sin papeles, quedan a merced de empresarios sin escrúpulos, ya que tienen que aceptar que les exploten en trabajos agrícolas e industriales bajo la amenaza de sacar a la luz su condición de inmigrantes ilegales; el Gobierno potencia una nueva forma de esclavismo". Si no existe ningún plan contra la saturación de Ceuta, ¿por qué se iniciaron estos envíos sistemáticos a Valencia a mediados de septiembre? En Ceuta replican que se limitan a cumplir los trámites habituales con inmigrantes ilegales. Pero CC OO recuerda que Interior y Trabajo firmaron un convenio, dotado con cerca de 4.000 millones de pesetas, para que los inmigrantes enviados a la península desde Ceuta y Melilla estén documentados y cuenten con el respaldo de una Organización No Gubernamental (ONG) que les ayude a buscar trabajo y a orientarse cuando llegan a una gran ciudad. Este convenio se sigue respetando, alegan en Ceuta, pero se destina sobre todo a inmigrantes acompañados de mujeres e hijos, o que se encuentran en una situación especial. Por lo visto, éste no era el caso de Abatomi Kuti, Agho Uyi Donald, Mamadon Diakhate, Goba Arthur Philippe y el resto de los 46 inmigrantes enviados a Valencia (los 10 últimos aún están en Zapadores). Sentados en círculo en un local de CC OO, toman prestados unos vocablos del francés y otros del inglés para contar su viaje ("en clase turista", ironiza uno) desde Ceuta. Aunque llegaron en varias remesas y vivieron solos sus primeros días en libertad, sus relatos apenas se diferencian. "El Gobierno y la Policía han actuado de una forma muy democrática: nos han tratado a todos igual de mal", exponen con sarcasmo. Provienen de Gambia, Sierra Leona, Mauritania, Costa de Marfil, Malí, Burkina Fasso y otros parajes tropicales marcados por el subdesarrollo, los enfrentamientos tribales y un horizonte tapiado con ladrillos. Huyendo de la hambruna se llegaron hasta Ceuta, donde les dieron el alto los guardianes del territorio Schengen. Después de cinco meses hacinados en los oscuros barracones de Calamocarro, un juez les hizo firmar unos papeles que no entendían, según recuerda Goba Arthur Philippe, un técnico agrónomo de 27 años nacido en Costa de Marfil. Habían rubricado su traslado a Valencia. Cuentan que los llevaron al puerto "enjaulados de dos en dos en los compartimentos de un furgón policial" y que aguardaron dos horas hasta la llegada del ferry. "Sólo nos dieron un poco de pan con queso y seis botellines de agua para una docena, no comimos nada más hasta el día siguiente", recuerda Goba. Dormir de costado Los 60 minutos de travesía del estrecho se les hicieron eternos, apiñados en la lóbrega bodega del buque. "Se esforzaron para que nadie nos viera subir a bordo ni desembarcar", comenta Mamadon. Peor les fue por la noche en las dependencias policiales de Algeciras. Durmieron de costado en el suelo ante la escasez de metros cuadrados. Al amanecer los subieron a un autobús camuflado de la policía e iniciaron un viaje de 10 horas por la costa mediterránea. No guardan en sus mentes ninguna instantánea del paisaje. "Nos llevaron como a prisioneros, en la penumbra, cercados por barrotes y rejas", describe Wole George, un camerunés de 27 años. En el antiguo cuartel militar de Zapadores, una vetusta instalación pendiente de reforma que la Policía utiliza para internar extranjeros y aparcar los coches patrulla jubilados, pasaron dos semanas. Cumplido ese plazo los dejaron libres cuando el sol ya declinaba. La estación de autobuses y el Jardín del Turia fueron sus dormitorios improvisados y mendigaron unas monedas para comer hasta que, uno a uno o en grupos, fueron llegando hasta el local de CC OO. Cuando se juntó allí una veintena de inmigrantes, todos procedentes de Ceuta, el abogado del sindicato, Javier Botey, se percató de que estaba sucediendo algo excepcional. Sus temores estaban fundados: Primero la Policía y luego la Delegación del Gobierno le reconocieron que existía un plan del ministerio para resolver el problema de Calamocarro. Aunque otras delegaciones, como Murcia, estaban regularizando la situación de los inmigrantes enviados desde Ceuta, el delegado en la Comunidad, Carlos González Cepeda, se negó a tomar cartas en el asunto. Al final cambió de actitud ante la movilización de los inmigrantes, que ayer se plantaron con pancartas frente a su despacho. Ahora promete que no habrá nuevos envíos a Valencia y legalizará a los que fueron expulsados al paraíso.