La Fiscalía británica colabora con Garzón en la solicitud de extradición del ex dictador

Dos juristas británicos enviados por la fiscalía británica asesoran al magistrado Baltasar Garzón en la preparación de la documentación pertinente para solicitar la extradición del general Augusto Pinochet, según informaron ayer fuentes del Gobierno español. Ambos juristas son expertos en la materia y han viajado a Madrid a fin de que la petición que en su momento pueda cursar el magistrado español sea acorde a la legislación británica. El Ministerio Público británico se prepara también para formular acusaciones contra el exdictador.

Las mismas fuentes consultadas indicaron que la fiscalía británica formulará acusaciones contra el general chileno por terrorismo y tortura si el magistrado de Londres que lleva su caso acepta la petición de hábeas corpus presentada por los abogados del general. La detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet adoptó ayer una acentuada vertiente política al saltar a la palestra la exprimera ministra conservadora Margaret Thatcher para reclamar la inmediata libertad del general, al que presentó como un buen amigo del Reino Unido. Su petición fue secundada por el arzobispo de Canterbury, George Carey, quien además arguyó razones humanitarias. La defensa del senador, muy gratificada con estas demandas, acudió a los tribunales para exigir la libertad de su patrocinado.

La petición de Thatcher fue al instante objeto de críticas y apoyos. Los parlamentarios laboristas lamentaron ese intento de politizar el caso y hasta en el propio Partido Conservador hubo destacados dirigentes que se negaron a pronunciarse sobre la carta, en lo que es una crítica implítica a la antigua líder.

Entre quienes la apoyaron destacó extraordinariamente el jefe de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, quien invitó al Gobierno a prestar atención a los argumentos de Thatcher, además de a tener en cuenta "los aspectos morales y espirituales" del caso, en particular la edad, 82 años, y la salud del senador.

El Gobierno británico trata a toda costa de evitar la politización de la detención de Pinochet y ayer le tocó el turno de defender esa postura al ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, quien desde Bucarest insistió en que se trata de un proceso estrictamente judicial en el que no se debe intervenir con presiones políticas y diplomáticas.

La defensa de Pinochet, mientras, presentó ayer un recurso ante la High Court reclamando la libertad del senador, cuya detención en la medianoche del pasado viernes calificó de "completamente ilegal" por violar la inmunidad de que presuntamente goza el detenido. al haber entrado el pasado 21 de septiembre en el Reino Unido con un pasaporte diplomático. El Gobierno británico no considera que exista tal inmunidad dado que Pinochet no está acreditado para ninguna función en el Reino Unido.

El juez británico que ordenó la detención del exdictador chileno emitió ayer un auto en el que subsanaba un defecto existente en la orden de detención de Pinochet, ya que se refería a uno de los desaparecidos, -Edgardo Henríquez, secuestrado en 1976 en Buenos Aires y visto por última vez en el centro de torturas de Villa Grimaldi-, como "asesinado". En el mismo auto el juez británico acusa al senador chileno de cinco delitos: secuestro, asesinato, conspiración para el asesinato, tortura y conspiración para la tortura.

Examen de los recursos

Fuentes judiciales señalaron que el próximo lunes un tribunal superior examinará todos los recursos interpuestos por las partes sobre la detención. En el hospital en el que el senador vitalicio convalece de una operación de hernia discal, con sus tres puertas custodiadas día y noche por bobbies, se forman por las tardes grupos de curiosos que reclaman cuanto antes la presencia de Garzón en el Reino Unido. Son chilenos que viven en Londres y que aborrecen al general.

Otro chileno, en cambio, hace sus mejores esfuerzos para convencer al Gobierno británico de que Pinochet debe gozar de inmunidad. Es el diplomático Santiago Benadava, quien ayer volvió a visitar el Foreign Office para discutir la situación con expertos jurídicos del departamento. Anoche no había noticias de que hubiera logrado convencerles.