El Gobierno central limitará la contratación por las ETT en su plan contra los accidentes laborales

"La legislación no ha corregido la siniestralidad laboral en España, donde mueren diariamente tres trabajadores", reconoció ayer el secretario general de Empleo, Manuel Pimentel, quien anunció las medidas básicas del plan de choque contra los accidentes laborales que ultima el Gobierno central. Una de esas medidas será limitar la contratación de obreros para tareas de riesgo por empresas de trabajo temporal. Pimentel clausuró en Bilbao, con la ministra austriaca de Trabajo y Asuntos sociales, Eleonore Hostasch, la III Conferencia Europea de Salud Laboral.

La rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que reduzcan la siniestrabilidad laboral encabeza la batería de medidas que impulsará el Ejecutivo de José María Aznar para rebajar los accidentes en el trabajo. Según datos de Comisiones Obreras, 14 de cada 100.000 trabajadores fallecen en accidente laboral, una tasa a gran distancia de países como Gran Bretaña, Suecia o Dinamarca, donde la media es de entre dos y cuatro muertos por cada 100.000 trabajadores. Ayer mismo, un trabajador de una empresa de matricería del barrio de San Antolín, de la localidad vizcaina de Zamudio, moría aplastado por una grúa. Pimentel aprovechó la clausura de la conferencia europea para avanzar algunos puntos del plan de choque contra la siniestralidad laboral, que el Ejecutivo presentará el próximo noviembre. El secretario general de Empleo adelantó que el Ejecutivo plantea medidas "a corto y medio plazo" para buscar "un mayor equilibrio entre competitividad y política social". Entre ellas, se encuentra la posibilidad de limitar la contratación de trabajadores para actividades con riesgo a través de ETT (Empresas de Trabajo Temporal), el aumento de los inspectores de salud laboral (sólo hay 1 por cada 27.000 trabajadores) y la creación del contrato parcial estable. España dobla, con un porcentaje del 33,3%, la temporalidad en el empleo de los países de la UE, un factor muy relacionado con las enfermedades y muertes laborales, según reconoció el ministro de Trabajo, Javier Arenas, cuando inauguró el pasado lunes el foro europeo. Pimentel destacó la negociación que el Gobierno mantiene con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO para crear el contrato parcial estable. Destacó que las negociaciones están muy avanzadas por lo que esta nueva modalidad de contrato podría aprobarse "en unas semanas". Pimentel aseguró que el tiempo mínimo de este nuevo contrato estaría entre las 16 horas semanales y las 48 horas al mes. El Ejecutivo popular todavía no ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y patronal sobre los tiempos máximos de trabajo que podría incluir el contrato parcial estable. "El Gobierno pide que el tiempo máximo sea hasta un 80% de la jornada de convenio y los sindicatos, piden que sea el 75%", explicó. Este contrato a tiempo parcial, que garantizará estabilidad en el empleo, coberturas sociales y ofrece mayor flexibilidad al mundo laboral, responde a "la gran demanda de trabajadores que quieren compaginar el trabajo con tiempo de ocio o para estar con la familia", aseguró Pimentel. El secretario general de Empleo destacó que, además de la creación de empleo, la entrada en vigor de esta nueva forma de contratación "aflorará mucho empleo sumergido, donde se trabaja por horas sin ninguna cobertura". Prevención Eleonore Hostasch, ministra austriaca de Trabajo; Hans-Horst Konkolewsky, director de la Agencia de Salud europea; Ove Hygum, ministro danés de trabajo y el secretario de Estado alemán Werner Tegmeier intervinieron en la sesión de clausura del foro europeo, que ha puesto de relieve "la necesidad de adaptar permanentemente las estrategias de prevención". El aumento de las afecciones músculo-esqueléticas y del estrés en los trabajadores europeos y las dificultades para prevenir riesgos en las pequeñas y medianas empresas y cooperativas son algunas de las conclusiones del congreso. Willy Buschak, secretario confederal del CES, defendió en solitario la necesidad de sancionar a las empresas que incumplen sistemáticamente la normativa de seguridad laboral, "negándoles los mercados públicas y las subvenciones".