El fiscal acusará al Estado por no vigilar al asesino de Castellón tras excarcelarlo

La investigación en torno a Joaquín Ferrándiz, de 35 años, acusado de matar a cinco mujeres en Castellón y al que la Guardia Civil ya considera uno de los asesinos en serie más importantes de la historia criminal española, provocó ayer nuevas reacciones. Juan Salom, el fiscal que lleva el caso por la violación y asesinato de la profesora Sonia Rubio, de 25 años, una de las víctimas, destacó la "negligencia" en la falta de vigilancia y de control de la libertad condicional de Ferrándiz, condenado en 1990 a 14 años de cárcel por un delito de violación.

Ferrándiz cumplió algo más de cinco años de esa pena y en abril de 1995, después de dos meses en el tercer grado, obtuvo la libertad condicional. Pocos meses después secuestró, violó y asesinó a Sonia Rubio. Hasta su detención, el pasado julio, sus vecinos y compañeros de trabajo de Castellón le conocían como un amable y educado vendedor de seguros.

Dado que cometió los crímenes estando en libertad condicional, la fiscalía de Castellón pedirá en el juicio que se celebre contra Ferrándiz la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. El Tribunal Supremo ya ha declarado al menos en un caso, el de una niña asesinada en 1992 en Lugo, la responsabilidad civil subsidiaria del Estado al estar el condenado en libertad condicional cuando cometió el crimen. La sentencia concedió a la familia de la niña una indemnización de 20 millones de pesetas por un funcionamiento anómalo de la vigilancia tutelada del recluso.

Salom aseguró que en el caso de Ferrándiz concurrían todos los requisitos legales para otorgar la libertad. "Pero no fue debidamente utilizada", apostilló. El fiscal añadió que el buen comportamiento siempre se ha tenido en cuenta a la hora de conceder la libertad condicional y, en el caso de Ferrándiz, su etapa en la prisión de Castellón estuvo caracterizada por una buena conducta. Incluso colaboró en la cárcel en la edición de una revista de carácter interno, La Saeta.

Nuevas investigaciones

Mientras, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Castellón, Josep Lluís Albinyana, sólo ha dictado el procesamiento de Ferrándiz por el crimen de Sonia Rubio. Pese a que el acusado se ha confesado autor de la muerte de otras cuatro jóvenes, Amelia Sandra García, de 22 años, y las tres mujeres que ejercían la prostitución cerca de Castellón (Natalia Archelos, Mercedes Vélez, y Francisca Sales, de entre 23 y 28 años), el magistrado aún no le ha imputado estos delitos. En cualquier caso, Juan Salom aseguró que la petición de la responsabilidad al Estado se extenderá a todos los hechos que sean imputados a Ferrándiz desde el 4 de abril de 1995, fecha en la que salió en libertad condicional, hasta el 28 de julio, día que ingresó de nuevo en la cárcel de Castellón tras otra tentativa de agresión sexual. La Guardia Civil, mientras, revisa los casos de otros tres asesinatos de mujeres en Castellón para comprobar si pudo cometerlos Ferrándiz, al que atribuye una personalidad psicopática.

La petición de responsabilidades no se ceñirá al Estado y al acusado. Tres de los crímenes confesados por Ferrándiz han sido imputados a Claudio Alba, un camionero que se encuentra procesado por las muertes de las tres prostitutas y que ha pasado cinco meses en la cárcel. La letrada de Alba, Silvia Vicente, asegura que en el momento en el que se cierre este sumario y se decrete su libertad sin cargos, procederá a estudiar las posibles reclamaciones legales por daños causados a Alba.