Cinco años de cárcel para un director de banco que se apropió de 913 millones

Pedro Castillano Canal aceptó ayer tres condenas que suman cinco años y dos meses de prisión por otros tantos delitos cometidos cuando era director de una sucursal del Banco Atlántico de Terrassa y se apropió de 913 millones de pesetas. La fiscal solicitaba inicialmente para él penas que sumaban 34 años de prisión, pero ayer se produjo un acuerdo entre las partes antes de iniciarse el juicio del caso en la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona. La conformidad con la condena penal no se amplió a la responsabilidad civil, por lo que tuvo que celebrarse el juicio para aclarar esas cantidades. Cuando finalice la vista, el acusado, que ya estuvo 14 meses en prisión preventiva, regresará a la cárcel para acabar de cumplir la condena y es probable que antes de tres años esté en libertad provisional. Castillano reconoció que con su actuación cometió un delito continuado de falsedad en documento mercantil, otro de estafa y otro de apropiación indebida, y aceptó una pena de seis meses y un día de cárcel y otras dos de dos años y cuatro meses cada una. Además de las penas de prisión, la fiscal solicita que abone 274 millones de pesetas de indemnización, a lo que no se opone el ex director del banco porque la fiscal declara responsable civil subsidiario al Banco Atlántico. Esta entidad, representada en el juicio por los abogados Emilio Zegrí y Pau Molins, ha abonado ya a los clientes perjudicados la mayor parte de esa cantidad, que es la que reconocieron un perito judicial y una auditoría del banco. El Atlántico rechaza las pretensiones de un supuesto perjudicado a quien la fiscal no le reconoce esta condición y que exige 1.300 millones. Otros dos particulares a los que se les propone el pago de 150 millones en total reclaman 500. "Un banco paralelo" Los hechos que se empezaron a juzgar ayer ocurrieron entre marzo de 1988 y septiembre de 1992, cuando Castillano creó "una especie de banco paralelo", según la fiscal. Con el fin de captar clientes, ofrecía la adquisición de activos financieros con retención en origen sin llegarlos a contratar realmente. Ésta era entonces una forma de ocultar dinero negro a Hacienda, y cuando vencían se volvían a invertir con los intereses. Si el cliente pedía su devolución, el acusado entregaba unos pagarés falsos del Banco Atlántico para aplazar el vencimiento y unos extractos de cuenta "para dar apariencia de legalidad a su actuación".