Justicia rechaza transferir la gestión de los depósitos judiciales

El Ministerio de Justicia, que dirige Margarita Mariscal de Gante, ha rechazado la posibilidad de delegar en las comunidades autónomas la gestión de los fondos destinados a depósitos y consignaciones judiciales, al entender que su regulación resulta "imprescindible" para mantener la unidad de actuación como cuerpo nacional. El PNV ha criticado el "centralismo" de la ministra, al tiempo que censura el "desprecio" del Ejecutivo a una resolución aprobada por el Congreso. Este dinero supone en la comunidad autónoma vasca más de 300 millones de pesetas. Un informe remitido por los servicios jurídicos del ministerio a la diputada del PNV Margarita Uría rechaza la posibilidad de reconocer a las autonomías la gestión de los depósitos al entender que, pese a no constituir una "competencia propia de la Administración de Justicia", sí forma parte de sus funciones. Por ello, continúa el informe, "su regulación reglamentaria y ejecución por parte del Estado han de reputarse imprescindibles". En el último debate sobre el Estado de la Nación, el Congreso aprobó con el apoyo de todos los grupos salvo el popular una resolución que instaba al Gobierno a agilizar la transferencia de la gestión de estos recursos a las autonomías que tuvieran transferidas las competencias de medios materiales de Justicia. El Ejecutivo entiende ahora que es imposible cumplir ese acuerdo sin utilizar una ley orgánica que ampliara el contenido estatutario. Margarita Uría ha criticado la actitud "centralista" del ministerio al impedir el traspaso de la gestión "de unos fondos que no pueden ser sino considerados como bienes materiales de la Administración de Justicia". La parlamentaria considera que la argumentación de Justicia para rechazar el traspaso constituye "un despropósito en toda regla". Uría ha señalado que Mariscal "introduce un impedimento más" en el desarrollo "de una materia que está recogida por el Estatuto" de Gernika.