Banyoles destapa la inseguridad del tráfico marítimo

Andrés Jiménez Campos era hasta el 7 de julio del año pasado el capitán del Antonio Machado, un barco de la naviera Isnasa que hacía la travesía entre Algeciras y Ceuta. La naviera, el barco y el capitán se hallaban por aquellas fechas inmersos en la Operación Paso del Estrecho, transportando a millares de emigrantes magrebíes que atraviesan media Europa con sus desvencijados coches para pasar las vacaciones con los suyos.

El tiempo en aquel mar ese día era malo y a las 16.00 el barco tenía que partir con su carga y sus pasajeros. Como es preceptivo, antes de dar la orden de partida, el capitán Jiménez recibió el parte del número de viajeros que habían embarcado en su nave. Eran 404. Los permisos del barco sólo permitían 212.

Andrés Jiménez se negó en redondo a iniciar el viaje y pidió a los responsables de Isnasa una solución. La reacción de la naviera fue fulminante: destituyó al capitán del Antonio Machado y encargó a K. M. D., otro capitán de la compañía, que llevara el buque a Ceuta. Mientras el destituido denunciaba la sobrecarga ante la Capitanía Marítima, la autoridad encargada de velar por la seguridad de la navegación, el barco con el nuevo capitán estaba ya en medio del estrecho de Gibraltar. Al llegar a Ceuta, un inspector de la Marina mercante esperaba a la nave. Cuando llegó, contó los pasajeros y levantó acta de los sobrantes: 192 personas, casi el doble de los permitidos.

Negocios de verano

Esto sucedía en verano, "una época que las navieras suelen aprovechar para hacer suculentos negocios y saltarse algunas de las normas, entre ellas las de seguridad", explica Santiago Ciriza, abogado del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante. El desenlace de la historia del Antonio Machado y de su capitán fue como sigue: Isnasa, una empresa que por aquel entonces estaba casi en quiebra, despidió a Andrés Jiménez. La dirección de la Marina Mercante sancionó a la naviera con una multa de 20 millones. A primera vista, 20 millones son una cantidad importante pero los expertos la relativizan. "Si las inspecciones y las sanciones fueran moneda corriente, 20 millones sería una cantidad respetable. Pero como constituyen una excepción y lo normal es que la compañía lleve años y años sin una sola inspección, el resultado final contable es que la naviera ha hecho un pingüe negocio durante los muchos años en que ha vendido billetes de más. Se pueden permitir pagar la multa con lo ganado con la sobreventa", explica Santiago Ciriza.

De nuevo el negocio por encima de la seguridad. Porque un barco autorizado para 212 pasajeros, de ninguna manera puede garantizar la seguridad de 404. No pasó nada, pero con la mala mar en que se desarrolló la travesía del Antonio Machado, ¿qué hubiese sucedido de naufragar? Sencillamente que, de entrada, no hubiese habido elementos de seguridad (chalecos salvavidas y botes) y personal marinero suficiente para atender a todos los pasajeros, porque los cálculos y la obligación de tener suficientes elementos de seguridad se realizan a partir del número máximo de pasajeros legales.

Joaquín Buelga, presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante, ha recurrido ante el Tribunal Supremo un Real Decreto de 14 de mayo de 1998 que regula las condiciones de idoneidad y titulación de los títulos menores -los no universitarios- de la Marina mercante. Según el representante de los marinos titulados superiores, con este decreto la Administración lo que hace es rebajar la cualificación profesional, lo que redunda en perjuicio de la seguridad de la nave. "Con la nueva reglamentación", señala Santiago Ciriza, "se puede dar el solemne dislate de que un joven de 18 años puede obtener una titulación para transportar a 200 pasajeros hasta una distancia de 60 millas. Una barbaridad. Es un caso extremo, pero ilustrativo. En el mar, no se puede depositar en manos de un muchacho de 18 años la seguridad de 200 personas".

En el Colegio de Oficiales de la Marina Mercante sostienen que las condiciones de seguridad de los barcos dejan mucho que desear. "Se hace la vista gorda y se cierran muchas veces los ojos", señalan.

Una opinión parecida sostiene José Manuel Muñiz, presidente de la Asociación de Titulados Náutico-Pesqueros, pero en este caso sobre las condiciones de seguridad de los barcos que realizan rutas costeras turísticas: "Se está navegando en condiciones lamentables. Hay sobreventa de billetes en muchas ocasiones y es un problema que viene de lejos que no se denuncia por parte de los patrones de los barcos por miedo a represalias y porque les va en ello el puesto de trabajo".

La Dirección General de la Marina Mercante, a cuyo frente figura Fernando Casas, requerida por este diario para que diera su versión, se escudó en un escueto comunicado remitido por fax en el que señala textualmente: "Las Capitanías Marítimas vienen dando servicios de alta competencia profesional en todas sus responsabilidades...". El comunicado aprovecha la ocasión para arremeter contra la anterior Administración socialista al añadir que los buenos servicios que prestan las capitanías los dan "a pesar de que durante la primera mitad de los noventa se había descuidado tanto la formación como la dotación especializada del personal de la inspección estructural y de equipamiento de los buques".