Farnós dice que archivar los expedientes por la hepatitis C sería incurrir en "prevaricación"

El consejero de Sanidad no cerrará todavía los expedientes de sanción abiertos a 13 médicos por el brote de hepatitis C, porque con esa petición, dijo, el Colegio de Médicos "me está impulsando a prevaricar". Joaquín Farnós reiteró que los sancionados no cumplieron la orden de comunicar una enfermedad de declaración obligatoria y añadió que hasta finales de octubre no habrá un dictamen definitivo de la Inspección. El consejero dijo que su obligación no es defender a los médicos, sino a los ciudadanos, por lo que no puede "desoír" a sus servicios jurídicos. NE pidió al Colegio de Médicos que trabaje para depurar responsabilidades y no se limite a pedir el sobreseimiento de los expedientes.

"El presidente del Colegio de Médicos [Vicente Alapont] está en su derecho, no sé si acertadamente o no, de defender a sus colegiados, pero mi primera obligación no es defender a los médicos y los ATS, sino a los ciudadanos". Así respondía ayer Farnós a la carta remitida por el órgano colegial, en la que se instaba a sobreseer los expedientes abiertos contra 13 médicos por no informar del brote de hepatitis C. Farnós reiteró que era obligación de los expedientados informar a la consejería de los casos detectados y añadió que la investigación abierta por el servicio de Epidemiología ha demostrado que el brote se inició en 1994, aunque ya en 1989 hubo casos aislados. "Me gustaría no tener que sancionar a nadie", dijo, "pero tengo que desoír la petición del señor Alapont, porque me está impulsando a prevaricar". El consejero recordó que, según el reglamento, los tres médicos a los que se abrió expediente "disciplinario" tienen derecho a seguir cobrando su salario. La decena restante ha seguido trabajando todo este tiempo (más de cinco meses), ya que sus expedientes son "sancionadores". Ayer, Nova Esquerra instó al Colegio de Médicos a que explique qué medidas ha adoptado para depurar las posibles responsabilidades de los expedientados y si ha estudiado personarse en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia "para defender el buen nombre de la mayoría de profesionales médicos, que no puede enturbiarse por la actuación irresponsable de una minoría". De no ser así, NE entiende que el colegio se convertiría en "defensor del corporativismo, por encima del interés público". El juez que instruye el caso ha citado a declarar mañana a la ex directora gerente de La Fe, a un especialista en medicina interna y varias enfermeras y, según fuentes de la investigación, en las próximas semanas serán llamados nuevos testigos que hasta ahora no se habían vinculado al caso. "Enchufes" en Alzira El PSPV exigió ayer "transparencia" en las contrataciones de personal para el Hospital de Alzira y denunció la política de "enchufismo y amiguismo del PP en la Comunidad Valenciana". Joan Ignasi Plá, secretario de organización del PSPV, acusó al presidente Eduarzo Zaplana de utilizar el hospital para sus fines políticos y denunció que los profesionales de la comarca de La Ribera "no pueden disponer de las mismas oportunidades de empleo por no ser hijos, amigos o conocidos de altos cargos del PP". La denuncia socialista se produce a raíz de una carta fechada el pasado 18 de septiembre, en la que el director general de Recursos Humanos, Pompeyo Esparza, recomendaba al portavoz del hospital privado la contratación de una auxiliar administrativa, alegando que tanto la directora general de Servicios Sociales, María Luisa García Merita, como la de Enseñanzas Universitarias e Investigación, Carmen Martorell, se habían interesado en su contratación. "Esparza emitió una carta totalmente desafortunada, es un hecho aislado y no había mala fe", respondió Farnós. El consejero dijo que este escrito "no puede poner en entredicho un proyecto en el que tenemos puestas nuestras esperanzas" y dijo que el arrepentimiento de Esparza merecía su perdón. Añadió que para "cuidar" el proyecto de Alzira "es indispensable que el hospital contrate a los mejores" y propuso crear una comisión para investigar las contrataciones que realizaron los socialistas, "que por el dedo metieron en esta casa a miles de personas".