El Estatuto, en su hora crítica

El Estatuto de Gernika cumplirá el próximo 25-O diecinueve años de su aprobación en referéndum. Casi dos décadas después del pacto entre los partidos vascos y el poder central, que fue la avanzadilla del actual Estado de las Autonomías, el Estatuto atraviesa horas difíciles. El bloque nacionalista ha recrudecido el debate sobre la "provisionalidad" del texto y recuerda que el Estatuto prevé su propia reforma para avanzar en la actualización de los derechos históricos que no se recogieron en su día. Mientras, PP, PSE y UA defienden que es el único punto de encuentro entre los partidos y, por extensión, de la sociedad vasca. Los altibajos que ha sufrido el Estatuto de Gernika en su desarrollo han mermado la paciencia de los nacionalistas. La Declaración de Lizarra y la posterior tregua de ETA han puesto en entredicho el actual marco jurídico-político. Al menos eso creen los dirigentes de PNV, EA, HB e IU. Con este panorama, el partido de Xabier Arzalluz apuesta en su programa electoral por completar primero el Estatuto, es decir, conseguir el traspaso de las 38 materias que quedan pendientes, y actualizarlo después. Al fin y al cabo, según el PNV, Europa está en plena construcción, diseñando su modelo. Por eso, los nacionalistas eluden las precipitaciones. HB siempre ha estado instalada a la contra, en su bunker inmovilista particular, y Eusko Alkartasuna aspira a rebasar el Estatuto, pero reconoce que hasta que no se produzca otro consenso, hay que completar y cumplir con el Estatuto porque es lo que hay. Contradicciones El proceso de desarrollo autonómico no ha podido escapar en la legislatura que termina al tira y afloja que le ha caracterizado en la última década. Por un lado, el Gobierno vasco logró importantes hitos, como la actualización del Cupo y del Concierto Económico, pero por otra parte Madrid puso freno a las reivindicaciones de Vitoria sobre el traspaso del Instituto Nacional de Empleo. Una competencia básica para el Ejecutivo vasco. El diálogo autonómico quedo interrumpido a mediados del año pasado. El deterioro de las relaciones del PNV con el PP corrió parejo al estancamiento del desarrollo del autogobierno. Así, la cuenta de resultados que puede ofrecer el secretario de Desarrollo Autonómico del Gobierno vasco en cuanto a traspasos se circunscribe a ocho competencias de rango menor. Entre ellas, algunas como la expedición de títulos académicos, regulación en medio ambiente, la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina o el marco jurídico de los mediadores de seguros. Tan sólo la transferencia de medios humanos y materiales de la Administración de Justicia tiene un peso específico. Sin embargo, el Gobierno ya ha presentado un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por entender que el Ejecutivo de Vitoria se ha extralimitado al elaborar los requisitos que deben reunir los funcionarios para formar parte de la plantilla judicial. Y es que la conflictividad entre ambos gobiernos ha sido una constante desde que comenzaron a llegar las transferencias al País Vasco en 1979. El conflicto se ha constituido en una rutina porque la Constitución es indefinida, lo que deviene en una relación permanentemente conflictiva entre el Gobierno central y las autonomías. Motor de la autonomía La llegada del Partido Popular y el posterior pacto con el PNV para apoyar la investidura del presidente Aznar abrió a los nacionalistas unas expectativas insospechadas. Su gran objetivo en esta legislatura era lograr la actualización del Concierto Económico. El Concierto Económico es el auténtico motor del autogobierno. Un régimen de autonomía financiera que provoca los recelos de las comunidades límitrofes y la desconfianza de Madrid. El Estatuto y la Constitución son el sustento legal de esta singularidad, que constituye la piedra angular de la autonomía vasca. A través de un pacto entre la Administración del Estado y Madrid, al País Vasco se le reconoce la potestad de dotarse de una hacienda propia que recauda e inspecciona los impuestos. En la primavera pasada el PP y el PNV sellaron la actualización del Concierto, lo que permite a las tres diputaciones gestionar todos los impuestos, incluidos los relacionados con los monopolios y los alcoholes que hasta ese momento estaban al margen del fisco vasco. "Somos la decimosexta estrella de la Unión Europea, al menos en cuanto a soberanía fiscal", exclamó henchido de gozo el lehendakari Ardanza cuando se concretó el pacto. Pero desde entonces, la falta de sintonía política entre populares y nacionalistas sobre dos reivindicaciones muy concretas ha atascado el desarrollo del autogobierno. El Gobierno vasco reclama la transferencia de la formación profesional, que es la pieza clave del capítulo sociolaboral, que aún está pendiente de recalar en Euskadi. Este traspaso suscita un abierto enfrentamiento ideológico, jurídico y político entre sectores nacionalistas y el Gobierno central, CC OO, UGT y la CEOE sobre la forma de financiación de la transferencia. Es decir, sobre la titularidad de la recaudación del 0,7% que cada nómina de los asalariados destina a la formación profesional y del que el 0,35% sirve para la formación ocupacional (desempleados) y el 0,35% restante para la formación continua (trabajadores en activo). Por otra parte, el otro traspaso estancado es la titularidad de las autopistas. El desarrollo del autogobierno se ha movido entre la tempestad y la calma. El pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular ha propiciado un hito histórico como es la actualización del Concierto, pero no ha lubricado las relaciones entre Madrid y Vitoria. Y mientras unos se ocupan de llenar de contenido el Estatuto, otros -ELA, LAB y HB- se ocupan de clamar que el "Estatuto ha muerto". El 25 de octubre de 1979 el Estatuto de Gernika logró 831.839 síes (53,1%); 47.529 noes (3,03%) y 644.105 abstenciones (41,1%). El próximo 25 de octubre el Estatuto tiene otro examen.