Morir en el tajo

Como sucede cada año, los meses de verano no sólo traen altas temperaturas y un innumerable número de incendios forestales, sino también una negra y escandalosa retahíla de accidentes graves y mortales en la edificación y las obras públicas.Resulta difícilmente concebible que a finales del siglo XX las obras se sigan asimilando a campos de batalla en los que diariamente se tengan que dar partes de baja. Máxime cuando las razones de tan escandalosa situación son conocidas y, tanto en la teoría como en la práctica, existen los instrumentos legales y técnicos que deben ser utilizados por todos los intervinientes (promotores privados y públicos, proyectistas y técnicos, administraciones, empresas y trabajadores) y supondrían un enorme ahorro en sufrimientos humanos y en medios económicos.

Nuestra desgracia es que existiendo los medios, en España sólo "se hace" mucha teoría y poca práctica. El pasado 8 de junio, coincidiendo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Javier Arenas, en una entrega de premios por acciones de prevención en obras, le oí decir que él y el Gobierno se sentían muy satisfechos por la evolución del empleo (que, dicho sea de paso, no es para tanto), pero totalmente insatisfechos por la persistencia de las altas tasas de siniestralidad laboral en el sector.

Más insatisfechos que el ministro nos encontramos los trabajadores, sus familias y sus representantes sindicales. Máxime cuando llevamos años denunciando las mismas causas que producen los mismos negativos efectos: incumplimiento de la legislación por promotores públicos y privados, administraciones, empresas y trabajadores. No se cumplen ni la Ley de Prevención de Riesgos ni el real decreto que obliga a los proyectistas a redactar proyectos de seguridad de las obras. Los ayuntamientos no cumplen con la obligación de negar las licencias de obras si los proyectos no incluyen planes de seguridad. Las obras son auténticas junglas donde pululan cantidad de subcontratistas y subcontratistas de subcontratistas en las que, a veces, los trabajadores no saben para quién trabajan...

Podríamos volver a repetir las conocidas causas de esta insatisfacción general, pero me parece más útil intentar llevar a la reflexión de todos los intervinientes en los procesos constructivos y de la opinión pública algunos datos que diferencian a nuestra España (esta España que, según algunos, va bien) de los países del entorno europeo.

En la mayoría de nuestras empresas (el 90% son pequeñas y medianas) todavía no ha calado que la seguridad en el trabajo no sólo es un factor imprescindible para la integridad física de los trabajadores, sino que también lo es para la mejora de la productividad y de la calidad de producto construido. Tanto la UE como la Organización Internacional del Trabajo han coincidido en que una obra "pensada" al inicio del proyecto tanto desde la seguridad de los trabajadores que han de construirla como desde la de los equipos de mantenimiento, que han de intervenir con posterioridad, supone un ahorro de costes cifrado entre un 2% y un 4,5%. Es decir, en una obra valorada en 1.000 millones de pesetas, la falta de medidas de seguridad o su incumplimiento aumenta el coste entre 20 y 45 millones de pesetas.

Esto, claro está, en términos económicos puramente directos. Pero a éstos hay que añadir los costes indirectos (y, sin embargo, los más importantes) que suponen las bajas laborales, las pensiones por invalidez o por muerte. ¿En cuánto se valora la vida de un trabajador? Según nuestra Constitución, no tiene precio por ser el primer y principal derecho de los ciudadanos.

Partiendo de esos estudios teóricos, avalados por la UE y la OIT en España, el coste directo anual de la falta de seguridad en las obras suma entre 35.000 y 40.000 millones de pesetas. Y el coste total de la falta de seguridad en el sector de la construcción y obras públicas le cuesta anualmente al erario público 600.000 millones de pesetas. Y, desde luego, ese enorme monto económico no es nada comparado con los incalculables costes de los sufrimientos humanos de las víctimas y de sus familias.

Es por ello que nuestro sindicato MCA-UGT viene desde hace años diciendo ¡basta ya! Por eso estamos exigiendo de todos los intervinientes el cumplimiento de las leyes, ordenanzas, directivas europeas y convenio del sector para atajar esta insoportable lacra. Porque, con la voluntad concertada de todos, ello es posible.

Así se demostró durante todo el proceso de construcción de las obras civiles y de las edificaciones realizadas en Sevilla para la Exposición Universal del V Centenario de 1992, en donde se levantaron 650.000 metros cuadrados de edificaciones en un área de 400 hectáreas y en donde intervinieron un total de 142.892 trabajadores.

Pues bien, en base a un acuerdo firmado a finales de 1986 entre la Sociedad Expo 92, esta federación sindical (que entonces se denominaba FEMCA-UGT) y la asociación de grandes empresas Seopan, y con el respaldo de las Administraciones central, autonómica y local, se introdujeron unas cláusulas en los pliegos de condiciones de las adjudicaciones de obras que permitieron controlar, día a día, tanto la subcontratación como el total cumplimiento de los proyectos y medidas de seguridad en las obras puestas en marcha.

El resultado final de esta actuación concertada, que en realidad no suponía más que el respeto de la legislación por todas las partes intervinientes y, adelantándonos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, instaurando la figura de "delegados de prevención" a pie de obra, fue más que notable.

Las cifras lo muestran muy rotundamente: las tasas estadísticas de siniestralidad del sector para el año 1987 -inicio de las obras de la Expo- indicaban que por cada 10.000 trabajadores se produjeron 886 accidentes leves, 22,3 accidentes graves y 2,32 accidentes mortales. Así, de haber seguido la dramática "pauta normal" del sector, en las obras de la Expo 92 se hubieran producido 12.215 accidentes leves, 320 accidentes graves y 33 accidentes mortales.

Sin embargo, el citado acuerdo de seguridad dio sus frutos y la realidad, certificada tanto por la propiedad como por la Administración, las empresas y los sindicatos fue la siguiente: se produjeron 481 accidentes leves (es decir, 11.374 menos de los que se podían prever si hubiésemos aceptado como inexorables las tasas de accidentabilidad del sector), 283 accidentes graves (o sea, 37 menos de lo que hubiera sido "normal" para algunos) y, lamentablemente, dos accidentes mortales (que en nuestra convicción también se deberían haber evitado, pero que, en todo caso, son 31 fallecidos menos de los que estadísticamente se hubiesen producido como una "inexorable fatalidad del sector").

"Morir en el tajo" no es, pues, una condena bíblica. El sector de la construcción y obras públicas es un sector de alto riesgo. Pero si todos los intervinientes nos obligamos a trabajar con seguridad, el sector puede no seguir siendo un campo de batalla con partes de baja diarios.