La Generalitat propone el control judicial de violadores presos

El director general de Instituciones Penitenciarias de la Generalitat, Ignasi García Clavel, es partidario de una reforma legislativa para evitar que delincuentes como el violador del Ensanche salgan en libertad sin control judicial. Francisco López Maíllo saldrá en libertad el próximo miércoles tras cumplir 14 años y 8 meses de los 592 años de prisión a los que fue condenado en 1985 por casi una treintena de violaciones. López Maíllo, que ha redimido parte de la pena en la cárcel participando en partidos de fútbol y como ayudante de cocina, entre otras actividades, apenas se ha sometido voluntariamente en la cárcel a tratamientos específicos. Se da la circunstancia de que este preso se ve beneficiado doblemente por el sistema de redención de condena -del antiguo Código Penal- y por el acortamiento del tiempo máximo de las penas privativas de libertad implantado con la entrada en vigor del actual Código Penal. Esta circunstancia es frecuente en buena parte de los presos que cumplen largas condenas y obedece a una sentencia del Tribunal Supremo, de julio de 1996, en la que reconocía que el sistema de redención de condenas del viejo Código Penal se debía respetar porque eran "beneficios consolidados". Las declaraciones de García Clavel se produjeron ayer al término del acto institucional celebrado en Barcelona con motivo de la patrona de la Guardia Civil. El director de prisiones subrayó la necesidad de abrir un debate en profundidad para evitar situaciones como la de este violador. Reforma del código "Tendría que haber una reflexión en los sectores más amplios de la sociedad y en los sectores más implicados" en esta materia, señaló Clavel, quien agregó que una vía para evitar que un delincuente como López Maíllo salga en libertad sin control judicial sería la reforma del Código Penal "para que los jueces, en aplicación de la ley, encontrasen medidas que pudieran favorecer un control en estos casos". García Clavel ha decidido ayudar social y económicamente al violador una vez salga de la cárcel para "dar mayor tranquilidad a la sociedad", iniciativa que ha provocado la indignación de colectivos de defensa de víctimas de delitos sexuales.